La Reforma Judicial ha sido un anhelo largamente acariciado por la sociedad hondureña e intensamente debatido por diversas organizaciones de la sociedad civil y por representantes del Estado. Su introducción en la agenda Legislativa es un paso importante que permitirá conocer, con mayor detalle, la VOLUNTAD POLÍTICA de los diputados dentro del Congreso Nacional y la de los precandidatos presidenciales y partidos políticos con influencia en sus respectivas bancadas.

Hasta ahora, tres precandidatos presidenciales que influyen sobre un importante número de diputados han manifestado públicamente su voluntad de impulsar la aprobación de la Reforma Judicial. El FORO CIUDADANO confía que en igual disposición podrían encontrarse los restantes precandidatos que aún no han manifestado públicamente su criterio al respecto.

En los próximos días la ciudadanía podrá MEDIR Y EVALUAR el grado de VOLUNTAD DE LOS POLÍTICOS a favor de la reforma Judicial, al conocer su posición en torno a los siguientes aspectos que son fundamentales para la aprobación de una auténtica reforma:

• ELIMINACIÓN de toda intervención político- partidaria, directa o indirecta, en la elección de los Magistrados y , consecuentemente, de los jueces y personal administrativo del poder Judicial.
• PARTICIPACIÓN de la sociedad civil en la nominación de aspirantes a Magistrados.
• LEGITIMACIÓN SOCIAL del proceso de elección y reelección de los Magistrados.
• HABILIDAD parlamentaria para la construcción de consensos políticos y sociales

El gran reto que debe enfrentar el Congreso Nacional es el DESPRESTIGIO DEL PODER JUDICIAL, motivado por la corrupción tantas veces denunciada, la manipulación político-partidaria de su funcionamiento y la ineficiencia de su desempeño. Al Congreso le tocará legislar para que el Poder Judicial RECUPERE LA CREDIBILIDAD PERDIDA y adquiera la legitimidad que el país necesita.

El poder Judicial, llamado a ser una institución con gran credibilidad y respeto ante la ciudadanía, presenta una imagen deteriorada por los hechos de CORRUPCIÓN abundantemente denunciados en los medios de comunicación del país y dolorosamente soportados por la ciudadanía hondureña. Esa imagen deteriorada es una afrenta a la dignidad nacional y debe ser MOTIVO DE PREOCUPACIÓN para quienes integran ese poder del Estado, para los diputados del Congreso Nacional y para la sociedad civil.

La ciudadanía hondureña ha sido testigo de la forma grosera en que partidos políticos y facciones internas dentro de los mismos SE HAN REPARTIDO LOS MAGISTRADOS de la Corte Suprema de Justicia, llegando a referirse públicamente a ellos como "SUS" MAGISTRADOS. De igual manera, la injerencia de fuertes intereses personales y económicos, por la vía del CONTROL POLÍTICO DE LA JUSTICIA, ha desnaturalizado la esencia, la función y los objetivos del sistema judicial.

La administración de justicia en Honduras ha sido LENTA Y TARDÍA. Arrastra consigo una mora judicial cuya existencia más oprobiosa es la permanencia de personas recluidas desde hace varios años sin recibir sentencia. Pero la justicia raras veces ha sometido a juicio a personas con influencia política, económica, militar y policial, y muchos de los delitos por ellos cometidos han quedado en la más vergonzosa IMPUNIDAD. Esto retrata de cuerpo entero la INCAPACIDAD DEL PODER JUDICIAL para atender los problemas de inseguridad e injusticia tantas veces señalados por la ciudadanía hondureña.

Todo lo anterior conforma un cuadro de INSEGURIDAD JURÍDICA que deja indefensa a la ciudadanía, intimida a los inversionistas, deteriora la credibilidad de las instituciones democráticas, y nos desprestigia como país.

Las irregularidades del Poder Judicial comienzan con la forma en que se eligen los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia en el inicio de cada gobierno, como producto de las PRESIONES político-partidarias, las NEGOCIACIONES y las DISTRIBUCIONES DE LAS CUOTAS DE PODER entre los partidos políticos y entre los movimientos de cada partido.

Una vez elegidos estos Magistrados, comienzan los traslados, destituciones y nuevos nombramientos de Magistrados de Apelaciones, Jueces de Letras y de Paz, y demás funcionarios y empleados, de acuerdo a las preferencias personales, a los INTERESES ECONÓMICOS, a las urgencias de los otros poderes del Estado o a los requerimientos del movimiento o partido político que impulsó su ubicación en el cargo. El resultado de este proceso es la instrumentalización política del poder Judicial y el MANOSEO DE LA JUSTICIA.

Un poder Judicial en estas condiciones no favorece la consolidación de un Estado de Derecho, tampoco sirve a los intereses de un régimen democrático, y jamás podrá propiciar la TRANSFORMACIÓN que tanto necesita el país. Para que esto sea una realidad es absolutamente indispensable y urgente una AUTÉNTICA REFORMA JUDICIAL.

1. DESPOLITIZACIÓN DE LA ELECCIÓN de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cambiando el sistema con el cual se han elegido tradicionalmente.
2. PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL en la selección de los aspirantes a Magistrados; en la propuesta responsable de candidaturas sustentadas en el marco de los requisitos que la Ley establezca; en el seguimiento y evaluación del desempeño judicial; y en la decisión sobre su posible reelección.
3. Incorporación del DERECHO A LA REMOCIÓN de los Magistrados que no cumplen con su función o que desnaturalicen su alta investidura.
4. Establecimiento de MECANISMOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS de los Magistrados a la ciudadanía, con informes transparentes a la nación sobre su desempeño.
5. SEPARACIÓN DE LAS FUNCIONES administrativas y las funciones inherentes a la impartición de la justicia, porque los Magistrados se eligen para impartir justicia y no para repartir cargos públicos a la clientela política.

Este es el momento oportuno para aprobar, y posteriormente ratificar, la reforma judicial. Nos alegra saber que numerosos diputados de los diferentes partidos coinciden en la necesidad y en la OPORTUNIDAD de aprobar la reforma judicial. Nos parece que está surgiendo el factor que siempre ha estado ausente: la VOLUNTAD POLÍTICA PARA REFORMAR Y DESPOLITIZAR el poder Judicial.

No obstante, al Foro Ciudadano le preocupa que esa voluntad política naciente se vea menoscabada o MANIPULADA POR EL OPORTUNISMO ELECTORAL. La competencia por establecer quién propuso la reforma judicial o quién la quiso proponer primero, debe ser sustituida por la demostración de quién introduce en ella aspectos MÁS DEMOCRÁTICOS, TRANSPARENTES Y PARTICIPATIVOS. No basta con proclamar que todos están a favor de la reforma judicial, es necesario demostrar su disposición a apoyar LA REFORMA JUDICIAL QUE EL PAÍS NECESITA.

En este sentido, la posibilidad de elegir Magistrados en forma VITALICIA y la estipulación de que serán reelectos POR INERCIA, sin ningún proceso de legitimación y control social, no responden a las condiciones reales de la cultura política hondureña ni a las aspiraciones concretas de la ciudadanía. Introducir tal propuesta en el debate parlamentario puede llegar a desacreditar la reforma y entorpecer su aprobación.

El Foro Ciudadano NO PONE EN DUDA la potestad del Parlamento para elegir a los Magistrados. Lo que cuestiona es el método "político" de selección de los candidatos, la repartición de los cargos bajo la mesa y el cabildeo sectario que se produce entre partidos y facciones de los mismos, para adjudicarse y distribuirse el sistema de justicia en Honduras.

Preocupado por la construcción cultural e institucional de la democracia y por la promoción de una ciudadanía informada, crítica, vigilante y propositiva, considera que la reforma judicial es un TEMA DE INTERÉS GENERAL que atañe al cuerpo social, que trasciende el espacio de los juristas, y que compete al Congreso Nacional en tanto REPRESENTANTE DE LOS INTERESES NACIONALES. Por ello, el FORO CIUDADANO considera de vital importancia:

No importa quién o quiénes, ni cuando ni donde propusieron la reforma. LO IMPORTANTE ES QUE EL PAÍS LA NECESITA, y que decisiones como ésta le permiten a la ciudadanía que los eligió como sus representantes, recuperar la confianza en las instituciones estatales. Por ello, podemos afirmar que aprobar la reforma judicial es APOSTAR POR EL DESARROLLO Y LA MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL de Honduras, mientras que, mediatizarla o posponerla equivale a OBSTRUIR LA DEMOCRATIZACIÓN del país.

La reforma judicial es RESPONSABILIDAD del Congreso Nacional, pero un poder Judicial deformado en su naturaleza y funciones ES UNA CARGA QUE HA SOPORTADO DURANTE MUCHO TIEMPO LA CIUDADANÍA HONDUREÑA y un fuerte obstáculo para el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo del país. Por eso la reforma judicial es una DECISIÓN IMPOSTERGABLE de la sociedad hondureña.