En los últimos meses se ha desarrollado una peligrosa tendencia a RESTARLE IMPORTANCIA a las necesidades y demandas que diferentes sectores de la sociedad le han planteado a las autoridades correspondientes. Se observa una inclinación a dejar que los movimientos y organizaciones se desgasten en sus formas de expresión, y que las situaciones de crisis SE PROLONGUEN INNECESARIAMENTE, situación que pone en evidencia la crisis de gobernabilidad y deja en entredicho la capacidad gubernamental para articular consensos y para MANTENER LA TRANQUILIDAD DEL PAÍS.

Da la impresión que existe una POLÍTICA INTENCIONADA de desarticular la protesta, la crítica y las demandas de la sociedad, negándose sistemáticamente a escuchar sus argumentos y a valorar la justeza de sus cuestionamientos; también se perfila una peligrosa tendencia a resolver los conflictos por la vía de la represión, con lo cual no solamente se desgastan las autoridades que la ejecutan, sino TAMBIÉN LAS QUE LA ORDENAN, y se propicia una acumulación de frustraciones que acentúan la crítica a los políticos y sientan las bases para un peligroso desencanto democrático por parte de la ciudadanía.

• La situación caótica del seguro social desencadenó una huelga de enfermeras y una fuerte oposición del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) al rompimiento de techos, exigiendo una revisión previa de todo el sistema de seguridad social. El Congreso Nacional se inclinó por la solución más fácil, sin considerar la responsabilidad del Estado y de un sector de la empresa privada en la crisis del seguro social, y, lo que es peor, SIN RECONOCER EL DERECHO DEL COHEP A SER ESCUCHADO.
• La prolongada huelga de enfermeras del Hospital Escuela reclamando que el Gobierno CUMPLIERA CON SU OBLIGACIÓN de pagarle en las fechas convenidas, provocó un gran daño a los usuarios de estos servicios médicos, sin que esto fuera un elemento importante a ser considerado por el gobierno para ponerle fin a esa forma de protesta social.
• El paro de los docentes de la UNAH, prolongado por casi dos meses, en el que reclamaron a las autoridades el CUMPLIMIENTO DE SUS COMPROMISOS y responsabilidades, no significó mucho para las autoridades universitarias a quienes tampoco les importó el grave daño que le producían a miles de estudiantes que vieron peligrar su año académico.
• El prolongado plantón de los habitantes de Gualaco y su violento desalojo de los bajos del Congreso Nacional, luego de demandar la CANCELACIÓN DE LA CONCESIÓN que el Congreso Nacional le ha otorgado a la Empresa ENERGISA, argumentando que ésta instalará la represa en una zona de reserva nacional, representa el cuadro más lamentable de la indiferencia estatal, y el más profundo IRRESPETO A LA CONDICIÓN HUMANA de un sector de la sociedad hondureña que también TIENE DERECHO A SER ESCUCHADO por las personas que ejercen el poder.

La primera reacción ante un paro, un plantón, una huelga o una marcha, es el rechazo; inclusive, muchas personas llegan a mostrar fastidio, desprecio y cierta añoranza por la mano dura, ante la incomodidad que les causan estas formas de exigir el derecho a ser escuchados. Lo que no saben estas personas, incluidos los periodistas que cubren los acontecimientos, es que los sectores que realizan éstas y otras formas de protesta social, son, por lo general, y con las excepciones del caso, las VÍCTIMAS DE UN SISTEMA CARACTERIZADO POR LA INEFICIENCIA, el incumplimiento de los compromisos, el irrespeto a los convenios y acuerdos, la desidia para resolver los conflictos, la falta de integridad para cumplir con la palabra empeñada y, sobre todo, la resistencia política a reconocer el derecho de la ciudadanía a ser escuchada.

Por lo general, antes de irse a la protesta pública, estos sectores han realizado toda clase de acciones de presión por resolver los conflictos, llegando, inclusive, hasta realizar visitas previas a funcionarios públicos para ponerlos en antecedentes sobre la situación conflictiva. Es el caso de los docentes universitarios que llegaron hasta el Ministerio Público, la Contraloría General y el mismo Comisionado de los Derechos Humanos, y es el caso de los habitantes de Gualaco que visitaron el Ministerio Público y la Secretaría de Seguridad, sin que ninguna de esas instancias les haya servido para algo concreto. Esto nos indica que, como ciudadanos, CADA VEZ QUE VEAMOS CUALQUIER FORMA DE PROTESTA SOCIAL, debemos preguntarnos quiénes son los funcionarios responsables de que el conflicto se haya desbordado, PARA EXIGIRLE CUENTAS por su desempeño deficiente o irresponsable.

LAS NECESIDADES DEL DESARROLLO

Nuestro país necesita realizar TODOS LOS CAMBIOS QUE SEAN NECESARIOS para impulsar el desarrollo e insertarse ganancioso en el proceso de globalización que ya se ha iniciado. Sin embargo, es importante recordar que el desarrollo no se produce por decreto y, mucho menos, atropellando a la gente que se siente afectada por las medidas adoptadas. EL DESARROLLO SE LOGRA CONSTRUYENDO CONSENSOS, convenciendo a la gente de la importancia de realizar determinados proyectos, compensándola si es afectada y tomando las medidas necesarias para que el impulso al desarrollo no arrase con nuestros recursos y no acentúe la vulnerabilidad ambiental y social que se evidencia con más crudeza cuando enfrentamos los embates de la naturaleza. El desarrollo no puede lograrse sin escuchar a la gente, sin que las autoridades se acerquen a la ciudadanía que los eligió con su voto y, mucho menos, sin tener una visión integral y de largo plazo del país que queremos construir. Tampoco se puede exigir a la gente que cargue con el costo social del desarrollo SIN QUE EL ESTADO REALICE EL SACRIFICIO CORRESPONDIENTE, reduciendo los gastos innecesarios, controlando el destino de las partidas presupuestarias de todos los poderes del Estado, impulsando una política de austeridad en sus gastos y combatiendo toda forma de corrupción, para QUE LA GENTE SIENTA QUE EL SACRIFICIO ES DE TODOS.

Ante la gravedad de la situación económica y social del país, le toca al Estado, incluidos sus tres poderes y todas sus instituciones, actuar como FACTOR DE EQUILIBRIO entre las necesidades del desarrollo y las necesidades de la gente, y actuar con responsabilidad para evitar que una política de complacencia sin límites, conduzca a sus dirigentes a tomar decisiones que pongan en precario la ESTABILIDAD ECONÓMICA del país en el presente y en el futuro inmediato. Pero también le obliga a evitar que las medidas restrictivas, tomadas sin considerar una visión de país, pongan en precario la ESTABILIDAD SOCIAL que exige la democracia.

La situación se vuelve peligrosa en un ambiente electoral en donde la necesidad de asegurar el voto ciudadano puede PROPICIAR DECISIONES IRRESPONSABLES, pero también es peligrosa en una gestión gubernamental que no mide las consecuencias de sus acciones y que no le interesa que el costo de su irresponsabilidad recaiga sobre los gobiernos subsiguientes y, mucho, menos, sobre la calidad de vida de la sociedad en su conjunto.

Lo anterior obliga a la ciudadanía a DESARROLLAR UNA ACTITUD VIGILANTE ante el desempeño gubernamental, a exigirle a las autoridades que rindan cuentas sobre la forma en que gastan el dinero que le pertenece a la sociedad, a demandar transparencia en su actuación y a REIVINDICAR EL DERECHO CONSTITUCIONAL A SER ESCUCHADOS por quienes nos gobiernan.

Es difícil calificar de ágil, expedita y eficiente a una administración que permite que una huelga o un paro se prolongue por varios días y semanas, para terminar negociando LO MISMO QUE SE PLANTEABA AL COMIENZO DEL CONFLICTO. Da la impresión que la apatía y el desentendimiento se mezclan con la incapacidad para prever situaciones de conflicto y para SOLUCIONARLAS AL MENOR COSTO POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL, una vez que éste ha estallado. Cuesta mucho entender que ante una situación crítica, las autoridades competentes le "concedan" una cita a los manifestantes para cuatro o cinco días después, como si se tratara de un evento diplomático o de un encuentro festivo; y cuesta más entender que la sociedad hondureña NO CUENTE CON LAS INSTANCIAS ADECUADAS QUE LA REPRESENTEN y que se encarguen de llamar al orden a los funcionarios negligentes, deficientes e incompetentes. Ya es hora que la ciudadanía comience a preguntarse qué están haciendo al respecto el Ministerio Público y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos que siguen siendo, todavía, las únicas dos instancias estatales con la MISIÓN EXPLÍCITA de representar los intereses de la sociedad.

De forma alarmante la sociedad hondureña ha observado un CRECIENTE ENTUSIASMO POLÍTICO por utilizar a la policía preventiva, la misma policía deformada que se convirtió en instrumento de persecución, vejación y atropello por parte de los militares en el pasado, para reprimir a la gente que demanda ser escuchada. Se sabe que la represión es la vía más rápida para resolver un conflicto, pero también se sabe que es la que POSEE UN COSTO POLÍTICO MUY ALTO PARA LOS QUE LA EJERCEN, sobre todo para los que están a punto de terminar su gestión gubernamental. Para el caso, el desalojo de los habitantes de Gualaco de los bajos del poder Legislativo, fue ejecutado por un contingente de policías comandado por una oficial que carga con todos los vicios de la vieja policía, la que, de acuerdo con el principio de autoridad y jerarquía, debió recibir órdenes de su jefe inmediato, el Comisionado General Flores Ponce, éste, a su vez, debió recibirlas del Secretario de Seguridad, Gautama Fonseca y, éste, directamente del Presidente del Congreso Nacional Profesor Rafael Pineda Ponce. Si asumimos que todos ellos respetan la cadena jerárquica y las órdenes superiores, podemos concluir que unos reprimen porque se sienten realizados, otros, porque se sienten fascinados por el poder y NO SE DAN CUENTA DE QUE SON UTILIZADOS por los de arriba y por los de abajo en la escala jerárquica, y los otros, para no empañar los actos protocolarios del Congreso y para deshacerse de las personas que les incomodan el paso y a las que no han querido escuchar.

El EXTREMO MÁS INAUDITO lo constituye la iniciativa de la Secretaría de Seguridad de procesar a varios dirigentes sociales vinculados a la protesta de los habitantes de Gualaco, por "irrespeto y desacato a la autoridad", olvidando que el respeto a una institución que ha sido y sigue siendo tan cuestionada, NO SE LOGRA POR DECRETO NI POR DECISIÓN DE UN JEFE POLICIAL O DE UN SECRETARIO DE ESTADO; se gana con esfuerzo, con vocación de servicio, con un comportamiento honesto, con profesionalismo y con una actitud respetuosa hacia la ciudadanía, y nada de eso tiene nuestra flamante policía, a pesar de los deseos del Secretario de Seguridad.

• SEGUIRÁ LA ACTUAL TENDENCIA de permitir que la indiferencia, la desidia y la irresponsabilidad de los funcionarios públicos propicien la generalización de una crisis de gobernabilidad en el país.
• CONTINUARÁ NEGÁNDOLE A LA CIUDADANÍA EL DERECHO A SER ESCUCHADA, considerada y tomada en cuenta para opinar sobre las grandes decisiones que afectarán su vida cotidiana.
• SEGUIRÁ PRIVILEGIANDO LA REPRESIÓN ANTES QUE EL DIÁLOGO, para tratar los temas que le preocupan a la ciudadanía.
• Seguirá PREPARANDO A LA POLICÍA PARA QUE REPRIMA A LA GENTE QUE PROTESTA y no para que enfrente a la criminalidad y sea más eficiente en el combate al delito.
• Seguirá PROCEDIENDO IRRESPONSABLEMENTE en la adopción de políticas y decisiones que provoquen la inestabilidad económica y social que estamos viviendo en la actualidad.