CUMBRE DE LAS AMÉRICAS:
CONSULTA CON LA SOCIEDAD CIVIL
"EL PAPEL DE LA SOCIEDAD CIVIL
EN LA CONSTRUCCION DE LA DEMOCRACIA"
FUNDACIÓN DEMOCRACIA Y DESARROLLO
Tegucigalpa, Honduras
15 de noviembre del 2000
EL PAPEL DE LA SOCIEDAD CIVIL
EN LA CONSTRUCCION DE LA DEMOCRACIA
Leticia Salomón
El concepto de sociedad civil entró a formar parte del discurso oficial y social desde los primeros años de la década de los noventa pero todavía se mantiene excluido del discurso de los partidos políticos. Este es un concepto que pasó de la academia a los organismos internacionales y de éstos a los gobiernos y a las diferentes organizaciones sociales, particularmente a las no gubernamentales. De ahí la creencia generalizada de que se trata de un concepto recién inventado y, en muchos casos, de dudosa procedencia y sospechosa finalidad.
Por lo anterior, se vuelve necesario precisar que éste es un concepto de larga data dentro de la teoría política, en la que se encuentra desde hace más de dos siglos, expandiéndose posteriormente a las otras ciencias sociales, particularmente a la Sociología. La preocupación de los creadores y continuadores del concepto se centra en identificar a ese conjunto de personas, grupos y clases sociales que quedan fuera del gobierno y sobre el cual recae la acción de gobernar. En ese proceso se fueron incorporando nuevas formas de interpretar lo civil hasta llegar a conformar un concepto bastante acabado pese a las diferentes interpretaciones que ha experimentado en su desarrollo.
En la actualidad se combinan perfectamente el desconocimiento conceptual, las diferentes posiciones en torno al mismo y cierto vedetismo técnico en introducirle diversos cambios para satisfacer los requerimientos de uno u otro sector de la sociedad o del Estado. De esta manera, hay quien excluye a los empresarios pero incluye a los obreros; saca a los terratenientes pero mete a los campesinos, y excluye a todos menos a las organizaciones no gubernamentales (ONGs). De ahí que muchos prefieren hablar del sector popular de la sociedad civil para referirse a las organizaciones sociales tradicionales o viejos actores sociales como los obreros, campesinos y pobladores, para plantear la existencia de un sector que no es popular y que representa intereses ajenos y sustancialmente diferentes a los del sector popular. Otros prefieren hablar de la tal o la llamada sociedad civil para indicar su escepticismo y su rechazo a un concepto cuyo uso se generaliza cada día más, pese a la resistencia y las vacilaciones de algunos individuos o grupos sociales. Otras personas han llegado a imaginar que detrás del concepto de sociedad civil existe la intención de restarle protagonismo a determinados sectores sociales, y prefieren marcar la diferencia entre organizaciones de base, o de masas como se denominaban antes, y organizaciones de incidencia que representan, de acuerdo a su criterio, a sectores minúsculos de la sociedad que tienen algún tipo de influencia en la toma de decisiones políticas.
El propósito de este trabajo es introducir algunos elementos que faciliten la comprensión de un concepto que tiene mucha vitalidad y mayor importancia para entender la creciente diversificación de la sociedad en los últimos años, señalando algunos aspectos que explican la confusión y, sobre todo, otros que justifican su vigencia. La intención llega más allá al tratar de señalar las fortalezas y debilidades de la sociedad civil en la actualidad y la naturaleza de la relación entre ésta y el Estado o entre ésta y los partidos políticos en el proceso de construcción democrática, señalando también la suspicacia y el rechazo de los sectores políticos más atrasados a la participación amplia de la sociedad civil en la toma de decisiones y en el seguimiento y control de su desempeño.
Una forma didáctica de entrar a conocer este concepto es comenzando por precisar lo que no es, en cuyo intento se reproducen algunas de las deformaciones más notorias y algunas de las acepciones más comunes. Veamos:
El protagonismo que le dio la guerra fría y la crisis centroamericana a los militares hizo que se reafirmara la idea de que nuestros países se dividían únicamente en civiles y militares. La división se justificaba por la colocación de los militares no sólo por encima de la sociedad sino también del Estado, lo que conducía a la deformación de hablar del gobierno, los militares y la sociedad.
Dentro de esta concepción se consideraba civil lo no militar, lo que incluía a funcionarios de Estado que no eran militares, integrantes de los partidos políticos, dirigentes de organizaciones sociales y ciudadanos comunes, con lo que se realizaba un corte transversal que juntaba en una sola categoría a todos aquéllos ubicados como civiles al margen de su ubicación en ámbitos tan distintos como el Estado, los partidos políticos y la sociedad. Lo anterior explica un poco la confusión que introduce la especificación civil del concepto sociedad civil, lo que indujo a muchas personas, sobre todo funcionarios y políticos, a creer que se refería únicamente a lo no militar.
La finalización de la guerra fría, la superación de la crisis centroamericana y los procesos de construcción democrática que se desarrollaron a lo largo de la década de los noventa, disminuyeron progresivamente el protagonismo de los militares y propiciaron la emergencia de nuevos actores sociales en el escenario público (ciudadanos, vecinos, mujeres, grupos étnicos, jóvenes, ONGs, iglesias, periodistas, etc.) que vinieron a introducir un elemento de complejidad en el escenario social y político.
La diversidad de grupos sociales que irrumpieron en el escenario político - social en la década de los noventa, hizo que se desdibujaran las contradicciones que explicaron y justificaron las luchas de los actores sociales tradicionales en la historia de nuestros países; la tradicional confrontación entre obreros y empresarios o, más específicamente, entre proletariado y burguesía, y entre campesinos y terratenientes, y la red de adhesiones que se desataron alrededor de los grupos y clases explotados por el sistema, fue desplazada por la aparición de otras oposiciones y, eventualmente, otras contradicciones que se minimizaban coyunturalmente ante la existencia de fenómenos o problemas que requerían el concurso de todos para solucionarlos (la abolición del servicio militar obligatorio, por ejemplo).
Lo anterior explica la tendencia a rechazar un concepto que engloba a todos los grupos sociales, incluidos los empresarios, a los que siempre se ubicó del otro lado. La mayor concesión obtenida hasta ahora es la de aceptar el término sociedad civil siempre que se excluya a los empresarios. Para justificar su exclusión se menciona la existencia del mercado como elemento condicionante de la relación Estado - partidos políticos - sociedad civil, lo cual, lejos de aclarar las cosas, ha venido a confundirlas pues dentro del mercado nos encontramos todos, ya sea como productores o como consumidores, como oferentes o como demandantes, lo que significa que si queremos excluir a uno, nos excluimos todos y, a nivel más especifico, si excluimos a los empresarios, excluimos a los obreros y, si excluimos a los empresarios grandes, terminaremos excluyendo a los medianos y hasta los pequeños que también entran en el circuito del mercado.
La aparición de nuevos grupos beligerantes en el escenario construido por la democracia ha provocado una especie de recelo por el protagonismo por parte de los viejos actores sociales, lo que ha conducido a asociar la sociedad civil con lo no popular, dejando por fuera del concepto a los grupos populares en los que se incluyen los obreros, campesinos y pobladores. Esta separación artificial tiende a trasladar a un concepto la crisis experimentada por los viejos actores sociales, crisis que se traduce en una reducción de su presencia en el escenario político y social definido por la democracia. El hecho de que ese vacío sea ocupado por otros grupos y sectores sociales que están entrando con fuerza en el escenario público, ha servido para responsabilizarlos por la reducción de su visibilidad, hecho que ha terminado por crear una confrontación artificial y por distanciar a sectores sociales que siempre han tenido una gran cercanía.
La deformación más reciente del concepto de sociedad civil es aquélla que lo reduce a las Organizaciones no Gubernamentales, más conocidas por sus siglas ONGs. Esta asociación reduccionista se debe a su protagonismo en materia de derechos humanos, derechos de mujeres, jóvenes, niñez, tercera edad, etnias, cultura política, reforma institucional, etc. y a que han tenido una fuerte presencia en el escenario público en los últimos años. Otra explicación podría encontrarse en su definición explícita de sectores separados del gobierno, lo que automáticamente las ubica en el ámbito de la sociedad civil.
La identificación de las ONGs. con la sociedad civil tiende a sobrevalorar el papel de estas organizaciones ante el Estado y a subvalorar el papel de la multiplicidad de grupos, clases y sectores sociales que quedan automáticamente excluidos de este concepto. Influye mucho el dinamismo de algunas organizaciones o la puesta en marcha de metodologías que destacan su rol de protagonistas y que las colocan en un punto de atracción de los medios de comunicación; a ello se suma la concentración de especialistas en ejes temáticos que despiertan el interés cotidiano de la opinión pública.
Después de señalar lo que no es la sociedad civil, se vuelve indispensable señalar lo que es. Comenzaremos definiéndola como el conjunto de organizaciones diversas que mantienen su independencia del Estado, con lo cual se rescata el concepto residual de que sociedad civil es todo lo que no es el Estado. De la definición anterior se extraen tres características esenciales y una premisa. Veámoslas con más detalle:
Dentro de la sociedad civil entran todas las organizaciones sociales que pueden surgir alrededor de temas tan diversos como la economía, la cultura, las reivindicaciones sociales, la religión, el deporte, la producción, el conocimiento, etc. La fortaleza de la sociedad civil está en su diversidad; todo intento por homogeneizarla, encasillarla o limitarla, atenta contra su naturaleza.
Una característica esencial de la sociedad civil es su independencia del Estado, lo que no significa su confrontación permanente o su identificación como el enemigo. Simplemente implica que se mueve y se debe mover en el ámbito civil, concebido éste como lo no estatal, en el cual actúa obedeciendo a una lógica que es sustancialmente diferente a la del Estado aunque exista coincidencia en torno a temas, aspiraciones o preocupaciones. La diferencia es similar a la diferencia entre gobernantes y gobernados pero va más allá al referirse a que las personas que ocupan el Estado tienen poder político para tomar decisiones, y las personas que pertenecen a las diferentes organizaciones sociales tienen únicamente el poder de influir en la toma de esas decisiones, poder que hasta ahora ha sido poco ejercido.
Los partidos políticos ocupan una posición intermedia entre el Estado y la sociedad civil; tienen un pie puesto en aquél y otro puesto en ésta; no son parte del Estado pero aspiran a ser parte del mismo, razón por la cual poseen una lógica diferente a la de la sociedad civil y diferente a la de las personas que ocupan el Estado. De ahí que, aunque se identifiquen con la sociedad civil en algunas cuestiones puntuales, se distancian de ella en asuntos que son más fundamentales. Con los partidos políticos, al igual que con el Estado existen posibilidades de coincidencia, asociaciones específicas y trabajo conjunto pero no existe ni puede existir una total identificación.
La beligerancia de la sociedad civil va de la mano con el proceso de construcción de ciudadanía, concepto que ha sido sustraído del ámbito jurídico y se ha ubicado en el ámbito socio-cultural como conciencia de derechos y obligaciones, y de la responsabilidad para asumirlos y exigir que sean respetados por el Estado, los partidos políticos y las mismas organizaciones de la sociedad civil.
La conciencia ciudadana es la que motiva a la sociedad civil a moverse, a asumir lo público como propio, a exigirle respeto al Estado y a los partidos políticos, a vigilar y controlar el desempeño público y a exigirle cuentas a los funcionarios. Lo anterior se relaciona con la necesidad de realizar cambios culturales sustanciales en todos los ámbitos, particularmente en el político, es decir, la necesidad de cambiar los valores, creencias y actitudes ante lo estatal, ante lo público, ante la relación Estado - sociedad civil y ante la relación Estado - partidos políticos, lo cual supone la erradicación de percepciones ideológicas que los identificaban en el pasado autoritario como enemigos irreconciliables ante lo cual no había siquiera la posibilidad de diálogo.
Vista desde sus características esenciales y desde su premisa fundamental, la sociedad civil debe precisarse en su dimensión real y fáctica, lo que nos lleva a preguntarnos: ¿Quiénes forman parte de la sociedad civil? ¿En donde se encuentra la sociedad civil? Para contestar estas preguntas diremos que la conforman esencialmente tres grandes grupos:
Aquí entran los llamados viejos y nuevos actores sociales; su distinción cronológica se refiere al momento histórico en que aparecen como actores del escenario público más que al momento en que surgen como grupos, clases o sectores. Los viejos actores, por ejemplo, incluyen a los obreros, empresarios, campesinos, maestros, estudiantes, cooperativistas y pobladores; en cambio, los nuevos actores incluyen a las mujeres, jóvenes, ecologistas, etnias, periodistas, vecinos, tercera edad, amas de casa, familiares de desaparecidos, académicos, deportistas, etc. En este segmento de la sociedad civil entran todos los grupos sociales que se unen de manera coyuntural o permanente para luchar por sus derechos o por los intereses nacionales, siempre y cuando mantengan las características señaladas anteriormente.
Aquí se agrupan todas las organizaciones no gubernamentales que trabajan temas tan diversos como los derechos humanos, derechos de grupos vulnerables, cultura política, ciudadanía, crédito agrícola, medicina alternativa, asistencia técnica, capacitación, educación, alfabetización, etc. Estas organizaciones trabajan con asistencia externa e impulsan acciones alternativas, complementarias o sustitutas de la acción estatal, lo que les permite mantener su independencia del Estado.
También forman parte de la sociedad civil en todas sus denominaciones.
La clasificación anterior es apenas una aproximación a lo que es la sociedad civil porque su diversidad hace que queden por fuera de cualquier listado otras organizaciones cuya actividad se reduce a una comunidad, una colonia o una vecindad. El hecho de agruparlas bajo el concepto de sociedad civil no significa que todas son iguales y que no existen diferencias que las separen; tampoco quiere decir que constituyen el lado bueno de la relación Estado - sociedad civil pues muchos de los vicios que los políticos trasladan al Estado se encuentran también en las diversas organizaciones sociales que la conforman. Se trata, simplemente, de organizaciones que reivindican lo social, exigen la atención del Estado, plantean políticas más equitativas y demandan un comportamiento democrático de los funcionarios públicos y de los partidos políticos.
La existencia de una tradición de delegación de poder de la ciudadanía con respecto al Estado, es decir, de mantenimiento de la indiferencia ciudadana hacia el ejercicio político, ha hecho que los políticos asuman que los resultados electorales que les conceden el triunfo cada cierto tiempo, cuatro años en el caso de Honduras, son una especie de cheque en blanco para que éstos hagan en la política lo que deseen sin necesidad de consultarle a la ciudadanía o, mucho menos, de rendirle cuentas por su actuación. Todo ello se inserta en la cultura política autoritaria cimentada por largos años de ejercicio de gobiernos militares y de gobiernos civiles fuertemente militarizados, que estimula un estilo cerrado, vertical, excluyente, intolerante, poco pluralista y nada respetuoso de los derechos de las personas.
Por el lado de la sociedad civil, esta indiferencia se nutre del papel asistencial y "resuelvelotodo" asumido por el Estado durante un largo período, situación que alimentó una cultura "del atenido", es decir, una cultura que asume que el Estado es el que resuelve todo y que el ciudadano no debe meterse en la complejidad del mundo burocrático que es entendido únicamente por los burócratas. Lo anterior explica la diferenciación establecida entre lo público y lo privado, y hace que cada uno de ellos defina el ámbito de los políticos y de los ciudadanos, grupos, clases o sectores sociales, respectivamente.
Este monopolio tradicional ha hecho que los políticos asuman que los temas y el espacio de lo público sean de su exclusiva competencia; en cambio, los temas particulares y de competencia privada, pasan a ser de competencia de la sociedad civil. Sin embargo, la pérdida gradual de la función mediadora de los partidos políticos ha hecho que se establezca una especie de relación directa entre el Estado y grupos específicos de la sociedad civil, la cual se convierte en el motor que facilita la solución de conflictos o la eliminación de las discrepancias. De ahí la creciente proliferación de Comisiones especiales o de mediadores oficiales que representan directamente la voluntad del Presidente de la República ante grupos sociales beligerantes, llegando inclusive a saltarse la instancia mediadora y a establecer un vínculo directo entre estas organizaciones y los Presidentes de los diferentes poderes del Estado, o los Secretarios, Directores o Subdirectores de una institución estatal en particular.
A lo anterior se suma el creciente interés de diversas organizaciones sociales en temas específicos del desempeño público como la violación de los derechos humanos, la tradicional exclusión de las mujeres, la aprobación de leyes que afectan a grupos particulares o a la sociedad en su conjunto, y la toma de decisiones en asuntos que generan mucha sensibilidad social. Esto ha despertado el dinamismo de diversos grupos sociales, los cuales, muchas veces de manera empírica, se han convertido en grupos de negociación, cabildeo o incidencia política cuya beligerancia les ha obligado a pasar de la intuición al análisis riguroso y de la improvisación a la planificación.
Es importante dedicar unas líneas a explicar esto último y comenzaremos definiendo a los negociadores civiles, como aquellas personas encargadas de defender un punto de vista o una decisión de grupo, clase o sector social en reuniones difíciles, complicadas y muchas veces interminables, con representantes del gobierno; por su parte, las personas que hacen cabildeo son aquéllas que "sondean" las posiciones gubernamentales en torno a temas específicos y tratan de convencer a los funcionarios con argumentos y contra argumentos que se traducen en compromisos específicos por parte de los actores que intervienen en el encuentro; la incidencia política, por su parte, se refiere a la capacidad de influencia en la toma de decisiones políticas, desarrollada por diversas organizaciones sociales que realizan análisis integrales que incluyen el problema, el contexto, los blancos (divididos en aliados, oponentes e indiferentes), el mapa de poder, la estrategia de abordaje, la argumentación, la utilización o no de la prensa, etc.
Lo anterior explica la presencia creciente de diversas organizaciones sociales en el ámbito de lo público, exigiendo el derecho a ser escuchadas y consideradas al momento de tomar decisiones, más allá de los mecanismos tradicionales de protesta (marchas, huelgas, toma de espacios públicos o privados, etc.), los cuales, sin perder su legitimidad, comienzan a ser desplazados por mecanismos de solución pacífica de los conflictos que obligan a las organizaciones sociales a pasar de la protesta a la propuesta a través de un camino difícil y lleno de muchas complicaciones.
Esta apropiación de lo público, en el mejor sentido, en aquél que supone que lo público es nuestro, de nuestra competencia y nuestra responsabilidad, porque existe y se mantiene a través de los impuestos que pagamos y de los sacrificios que hacemos, es lo que ha hecho que la sociedad civil trascienda el límite de lo privado y comience a apropiarse de lo público tanto en la toma de decisiones, como en el seguimiento, control y evaluación del desempeño público. Lo anterior se ha visto estimulado por la colocación del tema de la participación ciudadana como un eje fundamental de la cooperación internacional, lo que ha hecho que se produzca una especie de alianza tácita entre la sociedad civil y la comunidad internacional en temas específicos que promueven un mayor protagonismo civil ante lo público.
Todo esto ha provocado la suspicacia de los políticos que han visto disminuido su papel de intermediarios e inclusive, de interlocutores, ante la experiencia acumulada, las habilidades desarrolladas o las capacidades estimuladas y preparadas para enfrentar temas y problemas con propiedad y muchas veces con mayor conocimiento que los mismos interlocutores políticos. A ello se suma el desarrollo del espíritu vigilante y controlador del desempeño público que obliga a los delegados a convertirse en representantes, es decir, a rendirle cuentas a los electores, a consultarlos cuando las cosas están complicadas (plebiscitos, referendum, encuentros, etc.) y a tomar en cuenta las sugerencias antes de tomar una decisión.
El tradicional monopolio de lo público, por parte de los políticos, ha provocado una resistencia explícita o implícita ante las "pretensiones" civiles de traspasar el ámbito de lo privado. Lo público, al haber sido monopolio exclusivo de los políticos durante tanto tiempo, se ha contaminado de los vicios del sistema político, asociados a la visión patrimonial del Estado (vicio que estimula la corrupción), el clientelismo (que nutre la ineficiencia de las instituciones estatales) y cortoplacismo (visión inmediatista que apenas llega a políticas de gobierno pero no de Estado).
La creciente vigilancia y fiscalización del desempeño público por parte de diversas organizaciones sociales dificultan el tradicional ejercicio del poder y, por ello, incomoda a los políticos que se sienten "amenazados" por esa vigilancia que les obliga a actuar de manera correcta o, por lo menos, a desarrollar mecanismos menos evidentes de mal desempeño público. De ahí su insistencia en rechazar la presencia controladora de la sociedad civil a la que comienzan a cuestionar, criticar y descalificar. Mucho tiene que ver en ello la persistencia de una cultura política autoritaria que se contrapone a la cultura política democrática en tanto ésta es inclusiva, tolerante, horizontal, pluralista, respetuosa y propensa al debate de los grandes temas nacionales. Por ello es que se perciben diferentes actitudes de los políticos ante la sociedad civil, de recelo, desconfianza y rechazo por parte de aquéllos que tienen una cultura política autoritaria; y de acercamiento, identificación, diálogo y cooperación, por parte de aquéllos que poseen una cultura política democrática.
El hecho de que la sociedad civil "se meta" en lo político no significa que deba desplazar a los políticos. Este es un punto muy importante, tanto para los políticos como para los líderes o representantes de organizaciones de la sociedad civil. Los políticos fueron electos por el voto popular para representar los intereses de la ciudadanía antes que los intereses personales o partidarios y éste es un elemento que muchas veces es olvidado por los mismos políticos, hecho que motiva a la sociedad civil a recordárselos de manera constante; muchos líderes de organizaciones sociales, por su parte, consideran que los políticos están en sus cargos para satisfacer sus demandas particulares con lo que se olvidan que fueron elegidos para representar los intereses de la sociedad en su conjunto y no los intereses de grupos particulares, aunque ésto es algo que también olvidan los políticos por lo que se vuelve una obligación recordárselo a ambos.
De lo anterior se deduce que existe un límite que separa a los políticos de la sociedad civil y éste viene dado por el hecho de que a los políticos se les elige o se les nombra para que desempeñen un trabajo por el cual reciben un pago del dinero que aportan los ciudadanos a través de sus impuestos. La ciudadanía espera que cumplan con su trabajo y que lo hagan con eficiencia y transparencia. Cuando esto no ocurre, la sociedad civil se vuelve exigente y muchas veces trata de hacer el trabajo que el político no desempeña como lo espera la ciudadanía.
El recelo y la desconfianza de los políticos con respecto a la sociedad civil les ha llevado a plantear que mientras a ellos los eligió la ciudadanía a través del voto, a la sociedad civil no la eligió nadie y, por lo tanto, no representa a nadie. Inclusive, han llegado a reducir todo su planteamiento a una medición cuantitativa, con lo cual olvidan que en la democracia cuenta tanto un ciudadano como mil o cien mil ciudadanos porque el ciudadano es la esencia del Estado de Derecho con todos los derechos que contempla la Constitución de la República, incluido el derecho a la exigencia de cuentas.
El otro elemento que queda por fuera de esta aseveración es que la sociedad civil interviene porque los políticos, convertidos en funcionarios, no cumplen con el mandato ciudadano de representar los intereses nacionales y terminan representando los intereses de su partido, movimiento o familia, lo que hace que muchas organizaciones de la sociedad civil representen mejor a la ciudadanía que los mismos funcionarios, dejando por fuera las excepciones que siempre existen en ambos lados.
El esfuerzo realizado por algunos funcionarios o políticos por ser consecuentes con las exigencias del proceso democrático o de la comunidad internacional, les ha llevado a preguntarse quién representa a la sociedad civil para poder hablar, dialogar o negociar con el o los representantes de ese conjunto extraño denominado "sociedad civil" del que no se sabe si son "tres o cuatro gatos", dos o tres "intelectualoides" o un millar de personas. El detalle es que no hay un representante porque existe una diversidad de ejes temáticos que aglutinan a segmentos de sociedad civil y puede ser que haya alguien que represente a los que reivindican el derecho a tener una escuela o una universidad en una comunidad, en tanto hay otros que representan a los que luchan por una auténtica reforma judicial, una policía respetuosa de los derechos humanos, un presupuesto transparente, o una gestión local eficiente y responsable ante la comunidad.
Lo importante en todo caso es la oportunidad de demostrar que existe apertura para trabajar con la sociedad civil y no contra ella, que se aprovecha su experiencia acumulada a lo largo de muchos años en temas específicos y que se legisla o se gobierna con una amplia política de inclusión y construcción de consensos. Una vez que se perciba a la sociedad civil como socia o como aliada, será posible un trabajo conjunto libre de recelo, desconfianza y rechazo.
La sociedad civil puede jugar un papel importante en los siguientes ámbitos:
Para lograrlo deben quedar por fuera las actitudes recelosas, excluyentes y desconfiadas por parte de los sectores involucrados (Estado - Sociedad Civil - Partidos Políticos ) y pensar que sólo un involucramiento responsable de la sociedad civil y un cambio sustancial en el desempeño público podrán fortalecer las bases del proceso democrático y propiciar los cambios que se necesitan para mejorar la calidad de vida de los sectores sociales que perciben el deterioro acelerado de sus condiciones de vida.
La sociedad civil, al igual que los funcionarios, debe asumir el sentido de co - responsabilidad en la solución de los grandes problemas nacionales y locales, y procurar un involucramiento mayor en lo público. Con esto no se trata de despojar al Estado de sus funciones (ni de que éste se desentienda de sus obligaciones) de garantizar la educación, salud, seguridad, etc., sino de que asuma lo público como propio y, por lo tanto, que se preocupe porque las cosas funcionen mejor.
En materia de logros, podemos decir que hemos avanzado bastante "a pesar de" la tradicional indiferencia ciudadana, el rechazo de los funcionarios a la invasión civil de lo público, y el recelo de los políticos ante la idea de ser controlados. Es importante precisar que se han abierto muchos espacios que antes permanecían cerrados, tanto en el poder Ejecutivo como en el poder Legislativo, situación que cambia coyunturalmente pero que evidencia mayor disposición a romper con el estilo político autoritario, vertical y excluyente.
En relación a los desafíos podemos señalar la importancia de que la sociedad civil profundice el proceso de apropiación de lo público, vía construcción de ciudadanía, y que trascienda lo estrictamente reivindicativo y que vea el país desde una óptica más integral y de largo plazo. Igualmente, la sociedad civil debe interesarse en realizar los siguientes esfuerzos:
En relación a las propuestas formuladas, reformuladas y planteadas, también se ha observado un sustancial avance desde la eliminación del servicio militar obligatorio, la reforma militar y policial, la Ley contra la violencia doméstica, el Código para la niñez y la adolescencia, la reconstrucción y transformación nacional, la reforma judicial y la superación de la crisis político - institucional, hasta la diversidad de iniciativas impulsadas en el ámbito local.
La construcción de la democracia reconoce el creciente protagonismo de la sociedad civil en el proceso político. Solamente los sectores más atrasados en materia de cultura política se resisten a aceptarlo y a convertirlo en algo positivo para el desarrollo del país.
La participación de la sociedad civil en los diferentes ámbitos que hemos mencionado es una situación novedosa que amerita la realización de importantes cambios en materia de legislación. Sin embargo, la tendencia generalizada es a la aprobación de leyes controladoras que limiten la actuación de la sociedad civil en lugar de impulsar su dinamismo. Se cree que la convivencia ciudadana es competencia policial y que la participación ciudadana debe canalizarse exclusivamente por instituciones estatales llenas de representantes reales o supuestos o por confederaciones de ONGs que se encarguen de manejar institucionalmente la relación entre Estado y sociedad civil, con lo cual manifiestan su afán de controlar, someter y neutralizar, en lugar de establecer asociaciones basadas en la tolerancia, el respeto a la diversidad, el debate de los grandes temas nacionales y el consenso en torno a formas específicas de enfrentar situaciones coyunturales o deformaciones permanentes.
Es indudable que el país ha avanzado mucho en los últimos años en materia de incorporación activa de la sociedad civil en los procesos de desarrollo, pero también es importante destacar que aún falta mucho camino por recorrer para transformar la conciencia de la ciudadanía, de los funcionarios y de los políticos en favor de una relación más abierta, menos desconfiada y más cooperativa. De lo anterior se deduce que éste debe ser un hecho que acapare el interés público y privado en los próximos años.