La sociedad hondureña se encuentra sumamente preocupada por el CLIMA DE INSEGURIDAD que se vive en el país, especialmente en los últimos meses, y por el desentendimiento estatal ante un fenómeno que ocupa la atención de los hondureños y que nos angustia a todos. La gente está desesperada y busca soluciones desesperadas: acude, quien puede pagar por ella, a la SEGURIDAD PRIVADA, como única alternativa para enfrentar la ineficiencia estatal, y al ARMAMENTISMO para defenderse individualmente frente a cualquier amenaza a su integridad y sus bienes; también siente cierta AÑORANZA AUTORITARIA que le lleva a clamar por un endurecimiento de las penas, la reducción de la edad punible, la salida de las Fuerzas Armadas a las calles y, como muestra de su desesperación, a pensar que la solución podría estar en el restablecimiento del servicio militar obligatorio.

El clima de inseguridad y la falta de responsabilidad estatal para enfrentar el fenómeno de manera integral y a largo plazo, están estimulando en la sociedad hondureña soluciones QUE PUEDEN LLEGAR A SOCAVAR el proceso de construcción democrática que estamos desarrollando. De ello se valen sectores interesados y políticos irresponsables para MANIPULAR LA DESESPERACIÓN CIUDADANA y aprovechar la coyuntura a fin de promover un retroceso autoritario que termine frenando los logros alcanzados hasta ahora.

La situación del país se vuelve más preocupante si consideramos el escandaloso deterioro de tres instituciones clave para el mantenimiento de la seguridad ciudadana, como son: la Policía, las Fuerzas Armadas y los Partidos Políticos , deterioro que hace sentir a la ciudadanía DESPROTEGIDA, INDEFENSA, FRUSTRADA y DESENCANTADA.

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El señalamiento público de policías involucrados en actividades del narcotráfico viene a demostrar la pertinencia de las demandas del Foro Ciudadano, que ha reclamado desde 1997 la importancia de realizar una VERDADERA DEPURACIÓN POLICIAL para que la reforma de esa institución de lugar a una NUEVA POLICÍA que se diferencie SUSTANCIALMENTE de la policía que controlaron los militares durante treinta años. La irresponsabilidad de los tres poderes del Estado, expresada en la RESISTENCIA A EXCLUIR DE LA POLICÍA a aquellos integrantes que todos conocían como corruptos, violadores de los derechos humanos o delincuentes, nos presenta en la actualidad a una Policía desprestigiada institucionalmente cuyo deterioro afecta, de una u otra manera, a los OFICIALES Y AGENTES HONESTOS y con vocación de servicio que hay en la Policía. El deterioro incluye a la Policía Penitenciaria, sustraída del Ministerio de Gobernación e insertada en el Ministerio de Seguridad que se creó y comenzó a funcionar desde finales de 1998, la cual ha experimentado un desgaste acelerado que se expresa en el incremento de las denuncias de violaciones de los derechos humanos y de actividades de corrupción y delincuencia relacionadas con el tratamiento de las personas privadas de libertad. La Policía de Hacienda es otra muestra de corrupción extrema que nos ofende y que cuestiona la legitimidad del mismo Ministerio de Seguridad.

El escándalo de extravíos millonarios y manejo poco transparente de los fondos del Instituto de Previsión Militar (IPM), los cuales provienen mayoritariamente DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAMOS los ciudadanos de este país, escándalo en el que se involucra a militares activos y en retiro, se suma a la denuncia de tráfico de armas vinculado a la Armería, para mostrar el deterioro creciente de otra institución del Estado que se resistió siempre a la realización de una depuración que pusiera fin al señalamiento público de enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, actividades delictivas, apropiación de recursos públicos, pago de planillas fantasmas, etc. La falta de voluntad política de los civiles para realizar una función verdaderamente contralora de los RECURSOS PÚBLICOS utilizados por los militares, establecer el tamaño de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz, reglamentar el servicio militar voluntario y exigirle cuentas a los responsables del manejo de la institución armada, se suman a la AUSENCIA DE AUTOCRÍTICA por parte de las Fuerzas Armadas para reconocer los errores del pasado y PROPONER un plan de recomposición y depuración institucional que les permita recuperar el respeto y la admiración de una sociedad que SIGUE VIÉNDOLAS CON RECELO Y DESCONFIANZA. La actitud de algunos integrantes de la institución armada de buscar culpables de su descalabro en los civiles, sean éstos políticos o dirigentes sociales, es una muestra más de su resistencia a aceptar que la causa de su deterioro ESTUVO Y SIGUE ESTANDO dentro de la institución.

Los partidos políticos se han vuelto promotores de la situación de inseguridad que se vive en el país, sea de manera directa, a través de los militantes que integran las instancias estatales, o a nivel de los miles de precandidatos que se disputan desvergonzadamente las mejores oportunidades para obtener la SOMBRA PROTECTORA de los hombres fuertes y obtener los mejores puestos de elección popular o los mejores cargos dentro de la administración publica.

Todos ellos SE HAN CONFABULADO para desnaturalizar a las dos instituciones señaladas expresamente por las Leyes del país como defensoras de la sociedad: el Ministerio Público y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos; aprobaron o están a punto de aprobar una Ley de Policía y Convivencia Social que es una fiel reproducción de la DEFORMACIÓN AUTORITARIA DE LA SEGURIDAD; están evadiendo la responsabilidad de aprobar una auténtica reforma judicial que termine con la POLITIZACIÓN del nombramiento de los integrantes de todo el poder Judicial; y se atreven a sugerir la posibilidad de un retorno a un servicio militar obligatorio cuyo fin último es el FORTALECIMIENTO de las Fuerzas Armadas.

Esto se produce en medio de campañas preelectorales millonarias, de cuyos fabulosos recursos, generalmente SE DESCONOCE LA PROCEDENCIA. Esto es así porque el Estado no realiza acciones de control y exigencia de cuentas sobre los dineros de la deuda política, los cuales deberían ser suficientes para financiar tales campañas. El espectáculo se vuelve más deprimente al ver la forma atropellada en que funcionarios, exfuncionarios y militantes, viejos o nuevos, se disputan los cargos que les garantizarán LA EVASIÓN DE LA JUSTICIA Y DEL CONTROL CIUDADANO por acciones delictivas que hayan realizado, centrándose las PREFERENCIAS en las candidaturas a diputados al Congreso Nacional y al Parlamento Centroamericano. El objetivo último de estos políticos está en alcanzar la INMUNIDAD/IMPUNIDAD que les concede la sola inscripción en las planillas electorales.

La situación regional parece ir acumulando un conjunto de tensiones que en cualquier momento podrían convertirse en conflictos interestatales o regionales. La reacción natural de los POLÍTICOS QUE SE DESENTENDIERON SIEMPRE de los temas de defensa como responsabilidad esencialmente civil, o de aquéllos que se han inclinado por la SOLUCIÓN VIOLENTA DE LOS CONFLICTOS, ha sido la de pedir un reforzamiento presupuestario de las Fuerzas Armadas, sobre las cuales NO EXISTE TODAVÍA UN VERDADERO CONTROL CIVIL. Otros, ignorando que vivimos en una democracia que promueve valores participativos ESENCIALMENTE CIVILES, y soluciones pacíficas de los conflictos en los cuales asumen un protagonismo central el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES y la SOCIEDAD CIVIL, claman por el retorno al servicio militar obligatorio para que los jóvenes demuestren en cualquier conflicto su "profundo amor" por la patria. Curiosamente, SE COMIENZA A COLOCAR EN LA OPINIÓN PÚBLICA el tema del retorno al servicio militar obligatorio y se presentan resultados de sondeos o encuestas, de por sí sumamente DESPRESTIGIADAS, en los que los ciudadanos claman, supuestamente, por la pronta prestación de un servicio tantas veces cuestionado.

• Vivimos en tiempos de distensión y democracia: restituirle poder a los militares es una AMENAZA para la sociedad, un PELIGRO para el proceso político democrático y una AGRESIÓN para la democracia. El solo hecho de plantearlo es un SÍNTOMA DE RETROCESO, un indicador de la existencia de fuertes remanentes autoritarios y un intento de recomponer la NEFASTA ALIANZA entre políticos antidemocráticos y militares politizados. La guerra fría y la crisis centroamericana contribuyeron a cuestionar la forma de reclutamiento, pero la democracia que estamos construyendo PONE EN PRECARIO Y DEJA SIN SUSTENTO la prestación del servicio militar.

• La idea de restaurar el servicio militar obligatorio es un peligro para la sociedad ya que llegaríamos a tener varias generaciones de jóvenes DEFORMADOS culturalmente, entrenados para matar y con un alto conocimiento de armas de todo calibre. Lo que necesita el país es una sociedad segura, SIN ARMAS, sin violencia, SIN PREPARATIVOS DE GUERRA, y sin jóvenes entrenados para ver enemigos en cada ciudadano. La idea de que la prestación obligatoria del servicio militar es una demostración del amor a la patria es una IDEA AUTORITARIA que sólo sirve para fortalecer a las Fuerzas Armadas. La mejor manera de preparar a los jóvenes en el amor a la patria es EDUCARLOS PARA LA VIDA EN DEMOCRACIA, la convivencia social pacífica, el pluralismo, la tolerancia, el respeto y la SOLUCIÓN PACÍFICA de todos los conflictos.

• El Servicio Militar VOLUNTARIO supone voluntad de las Fuerzas Armadas para cambiar su imagen, atraer a los jóvenes que tengan VOCACIÓN E INTERÉS en la carrera de las armas y ofrecer oportunidades de capacitación a aquéllos que no encuentran alternativas en el ámbito civil. Este servicio, sin embargo, debe respetar los derechos de los jóvenes que ingresan y darle lo que ellos buscan al acudir a la institución; en NINGÚN MOMENTO deben ser asignados a tareas domésticas o convertirlos en meseros, niñeros o guardaespaldas de los familiares y amigos de los oficiales. El servicio militar voluntario no es un asunto de presupuesto, ES UN ASUNTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL que nos compete a todos los hondureños.

• Debe RECHAZARSE la idea simple de que la inseguridad se terminaría con la restauración del servicio militar obligatorio, porque las Fuerzas Armadas no son ni deben ser vistas como un centro correccional, y porque la responsabilidad de los jóvenes en el clima de inseguridad ES INSIGNIFICANTE si la comparamos con la responsabilidad de los adultos. Es importante recordar que la mayoría de los integrantes de las maras que tanto atemorizan a la sociedad son menores de dieciocho años y, por lo tanto, no son elegibles para la prestación de ese servicio; incluso, aunque fueran mayores, sería peligroso para la sociedad que se les diera entrenamiento en armas cuando lo que necesitan es ATENCIÓN ESTATAL Y SOCIAL.

• Necesitamos una POLÍTICA ESTATAL DE SEGURIDAD que articule las acciones de las diversas instituciones gubernamentales y que incorpore el dinamismo de la sociedad civil en materia de PREVENCIÓN de la inseguridad. Necesitamos una verdadera depuración de las filas policiales para que LOS CIUDADANOS CONFIEMOS EN LA POLICÍA, la apoyemos y la defendamos. Una Policía corrupta y deformada en su condición de servidora de los ciudadanos, no puede esperar el reconocimiento social y la aprobación ciudadana para que reciba los estímulos adecuados para una carrera policial y un salario digno del servicio que le brindan a la sociedad. Deben reforzarse los CONTROLES INTERNOS Y EXTERNOS sobre todas las Policías y las agencias de seguridad privada porque cualquier persona investida de autoridad y/o con permiso para portar armas, PUEDE EXCEDERSE EN CUALQUIER MOMENTO y atentar contra la seguridad de la ciudadanía. Es responsabilidad del Estado asegurar la existencia de un verdadero Estado de Derecho para evitar que eso ocurra y, dado el caso, garantizar que los responsables sean debidamente castigados.

• Resulta ALENTADOR Y ESTIMULANTE el cambio de rumbo que se le está dando a la Secretaría de Seguridad porque permitirá corregir la deformación policial y militar de una INSTITUCIÓN CLAVE para combatir la inseguridad que tanto lamentan los hondureños. La posibilidad de fortalecer la existencia del Consejo de Seguridad Interior (CONASIN), TOTALMENTE MINIMIZADO en lo que lleva de existencia, abre la oportunidad de articular las acciones de instituciones y organizaciones clave para enfrentar la situación de inseguridad que se vive en el país. IGUALMENTE ALENTADOR es escuchar a uno de los precandidatos presidenciales colocar el tema de la seguridad en un lugar prioritario de su campaña electoral. El Foro Ciudadano espera escuchar de él y de los otros precandidatos presidenciales y municipales, PROPUESTAS más concretas y COMPROMISOS más claros en materia de seguridad.

• Los CIVILES somos los protagonistas de la democracia. Dejar las decisiones en materia de seguridad en manos de los policías, y en materia de defensa en manos de los militares, evidencia la INCAPACIDAD POLÍTICA y la INDIFERENCIA SOCIAL para asumir el rol protagónico que nos confiere la democracia. Debe existir una clara conciencia de la DIFERENCIA SUSTANCIAL entre las funciones policiales y las militares y, por lo tanto, entre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Defensa. Los militares pueden ayudarle a la Policía a garantizar la seguridad siempre y cuando su colaboración esté circunscrita a sus funciones y se inserte en una política de seguridad CLARA, PRECISA, CIVILISTA Y RESPONSABLE.

• Necesitamos POTENCIAR LAS SOLUCIONES CIVILES Y PACÍFICAS de los conflictos internos y externos, e involucrar a la sociedad civil para prevenir la MILITARIZACIÓN o la MANIPULACIÓN POLÍTICA de cualquier situación eventualmente crítica. En este punto es CRUCIAL el papel del Ministerio de Relaciones Exteriores y la ratificación, por parte del Congreso Nacional, de Convenios que, como el Tratado Marco de Seguridad Democrática, promueven la solución pacífica de los conflictos y la asignación de roles diferenciados a los policías y los militares.

• La situación internacional y regional demanda una DISPOSICIÓN POLÍTICA a eliminar la improvisación y las telarañas de la guerra fría, y a elaborar OBJETIVOS NACIONALES que cuenten con una estrategia de abordaje diplomático a la cual DEBE DARLE SEGUIMIENTO LA SOCIEDAD CIVIL para evitar la manipulación gubernamental o la tendencia guerrerista. El aislamiento del país no es la mejor solución para enfrentar la posibilidad de un conflicto.

• Necesitamos POLÍTICOS CON VISIÓN DE ESTADISTAS y no POLÍTICOS CON VISIÓN TRADICIONAL DEL PODER; tampoco políticos que miren el Estado como botín de los vencedores en las contiendas electorales. Necesitamos políticos que ofrezcan soluciones a los problemas y que asuman la responsabilidad de su condición de SERVIDORES PÚBLICOS obligados a dar cuenta de su desempeño a la ciudadanía que los elige con su voto. Necesitamos un NUEVO LIDERAZGO POLÍTICO, que apunte al futuro más que al pasado y que se comprometa con los grandes problemas que inquietan a la sociedad hondureña, como el de la INSEGURIDAD. Un liderazgo lúcido, transparente, honesto, eficiente, AUTÉNTICAMENTE DEMOCRÁTICO y, sobre todo, consciente de que una sociedad desesperada puede buscar -y encontrar- soluciones desesperadas.