El Foro Ciudadano expresa su preocupación ante los acontecimientos que se han producido en los últimos días, con relación a la posibilidad de inhabilitar al precandidato del Partido Nacional Ricardo Maduro. El Foro ve con inquietud que los ánimos se están exaltando y que la tradicional confrontación entre liberales y nacionalistas ha comenzado a alterar lo que debiera ser un proceso electoral limpio y respetuoso de las reglas del juego. La situación amenaza la normalidad de la agenda legislativa, pone en grave peligro la aprobación de la reforma judicial y el considerable avance logrado en esta materia, a la vez que evidencia la escasa credibilidad del poder Judicial para emitir fallos basados en la Ley y no en los intereses partidarios, por su condición de ente altamente politizado como producto del tradicional reparto del botín electoral. Todo esto se produce en un ambiente de alteración social en el que proliferan las negociaciones sobre el incremento salarial, las presiones de los transportistas y taxistas por exagerados aumentos a las tarifas, el entusiasmo policial por su inesperado protagonismo y la satisfacción de los militares que sólo esperan el llamado gubernamental "para salir a defender a la patria".

El Foro Ciudadano, preocupado por la realización de un proceso electoral limpio, la legitimidad del séptimo proceso electoral en los 20 años de construcción democrática y la tranquilidad que se merece la ciudadanía hondureña, confía en que se respete el derecho de todos los aspirantes a contar con reglas del juego claras y transparentes y, sobre todo, que se respete el derecho ciudadano a decidir con su voto las opciones electorales que considere más adecuadas. Por ello el Foro Ciudadano plantea lo siguiente:

1. El derecho de la ciudadanía a escoger la que considere la mejor alternativa es un derecho inviolable. Ninguna persona, grupo o partido debe impedir el ejercicio de este derecho, alterando las reglas del juego político, manipulando a la opinión pública o decidiendo por los ciudadanos lo que le conviene o no le conviene al país. Es obligación ciudadana exigir el derecho a la existencia de alternativas políticas reales aunque ya tengan definidas su opción por un candidato o su preferencia por un partido determinado.
2. La democracia es la negación del autoritarismo. En éste no se permite la oposición, se persigue a los críticos, se sofoca la disidencia y se suprimen las alternativas, aunque no constituyan un peligro inmediato para el control del poder. En la democracia, por el contrario, la existencia de alternativas reales de cambio se convierte en la razón de ser de su existencia porque, de lo contrario, se convertiría en una dictadura de partido, modelo que ha demostrado su deterioro y agotamiento en otros países del continente y que atenta, en nuestro país, contra el precepto constitucional de la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia.
3. Es importante que todos los participantes en el proceso electoral conozcan y acepten las reglas del juego antes de iniciar el proceso electoral. Todo intento de cambiar las reglas durante el proceso producirá alteraciones en un ambiente de mucha sensibilidad y extrema suspicacia. Esto debe servir para impulsar una amplia reforma político-electoral, una vez concluido el actual proceso, para legitimar más los resultados electorales y para que la ciudadanía se sienta verdaderamente representada por las personas a las que favorece con su voto.
4. El asunto de la nacionalidad del precandidato nacionalista se ha convertido en una cuestión pública y ha entrado en el ámbito de la discusión política, por lo cual resulta casi imposible su circunscripción al Tribunal Nacional de Elecciones, en el cual se concentran la presión y los intereses de los diversos partidos. Una decisión en este nivel estaría contaminada por el choque de intereses y por las preferencias partidarias, lo que le restaría legitimidad ante la ciudadanía.
5. Una situación similar, aunque más grave, se daría con el intento de desplazar el tema al ámbito jurídico, por la falta de credibilidad en la Corte Suprema de Justicia cuyo fallo estaría sesgado por la politización partidaria que caracteriza a los actuales Magistrados, por la forma en que fueron elegidos en el Congreso Nacional. De ahí la urgencia porque se apruebe la reforma judicial que tanto ha demandado la sociedad hondureña, asegurando la despolitización del Poder Judicial y restaurándole la legitimidad que demanda un Estado de Derecho.
6. Es obligación del Congreso Nacional realizar los cambios necesarios en la Constitución de la República para precisar los requisitos que deben reunir los aspirantes presidenciales. La existencia constitucional de la categoría de personas que tienen derecho a reclamar su condición de hondureños por nacimiento, aunque no hayan nacido en el territorio nacional, da lugar a dudas que han afectado en el pasado a un candidato del partido Liberal, el Ingeniero José Azcona Hoyo, convertido luego en Presidente de la República (1986-1990), y que en la actualidad están afectando a un precandidato del partido Nacional.

El Foro Ciudadano, fiel a su aspiración de velar por la construcción cultural e institucional de la democracia y a su lema de construir una ciudadanía informada, crítica, vigilante y propositiva, demanda a todos los partidos políticos:

• Un proceso electoral limpio y transparente cuyos resultados, a nivel de elecciones internas y de elecciones nacionales, sean aceptados sin reservas por todos los aspirantes a cargos de elección popular, particularmente por los que resulten perdedores.

• Anteponer los intereses nacionales a los intereses de personas, grupos o partidos, y poner todo el esfuerzo que sea necesario para mantener la tranquilidad de la sociedad hondureña, el normal desempeño del poder Legislativo y la legitimidad del proceso electoral que concluirá su primera fase en el próximo mes de diciembre.

• La pronta aprobación de una reforma que realmente despolitice al poder Judicial para que los hondureños y extranjeros que vivimos en este país nos sintamos jurídicamente seguros de que la Justicia no tenga color político ni título de propiedad. Es importante precisar que la Reforma Judicial dejó de ser una propuesta nacionalista o liberal, para convertirse en una demanda social que requiere una respuesta del Congreso Nacional a la altura del reclamo ciudadano.

• Una oferta electoral comprometida con la realidad nacional y que plantee soluciones a los problemas reales. Esto exige que los políticos salgan de su mundo lleno de maquinaciones, zancadillas y trucos, y se den cuenta que la sociedad está en ebullición, angustiada y desesperada ante problemas reales, y a la espera de las mejores ofertas para apoyarlas con su voto. De la oferta dependerá el triunfo, así de simple.