Policías antimotines disolvió violentamente manifestación de indígenas, campesinos y negros
* Manifestantes lograron frenar reforma del Artículo 107 Constitucional.
Una manifestación de unos 5 mil indígenas, campesinos y negros logró, el 12 de octubre, que la Cámara Legislativa se abstenga de ratificar una reforma a la Constitución de Honduras que permitiría la venta de tierras en las zonas costeras y fronterizas para la ejecución de proyectos turísticos, además del compromiso del gobierno para retomar el proceso de reforma agraria. Sin embargo, la demostración pacífica fue violentamente disuelta a balazos, bombas lacrimógenas y bastonazos al pasar frente a la Casa Presidencial.
La demostración, impulsada por el Comité Cívico de Organizaciones Indígenas y Negros de Honduras (CCOINH) y varias centrales campesinas, coincidió con el Día de la Hispanidad, instituído por el gobierno para conmemorar la llegada a tierras hondureñas del almirante Cristóbal Colón, hace más 500 años.
Los indígenas, campesinos y negros llegaron a Tegucigalpa en una gran cantidad de buses y realizaron la primera protesta ante el palacio de la Corte Suprema de Justicia, donde criticaron recientes fallo del poder judicial por problemas de tierras y encarcelamiento de varios campesinos.
Luego se trasladaron al edificio del Ministerio de Seguridad, donde demandaron el esclarecimiento de los asesinatos de más de una decena de dirigentes indígenas, a manos de pistoleros a sueldo de terratenientes y ganaderos en la zona occidental y norte de Honduras, por problemas de tierras.
La ministra de Seguridad, Elizabeth Chuiz Sierra, recibió a una delegación de siete miembros del Comité Cívico, quienes le entregaron un pliego de peticiones y la funcionaria se comprometió a investigar los casos planteados.
Al llegar a la Casa Presidencial, los dirigentes de la manifestación se reunieron con el ministro de la presidencia, Gustavo Alfaro, a quien solicitaron que se permitiera el paso de la demostración y el funcionario accedió. Sin embargo, un cordón de policías antimotines, en vez de permitir el paso de la manifestación intentó bloquearlos y se produjo un violento enfrentamiento que duró media hora.
Los policías antimotines dispararon balas de salva, bombas de gas vomitivo y atacaron a los manifestantes a garrotazos, quienes repondieron con una lluvia de piedras que obtuvieron de un edificio en construcción y devolvieron los golpes y las bombas lacrimógenas.
En la refriega, resultaron heridos seis manifestantes, entre ellos dos mujeres. También hubo policías heridos y golpeados. Tras llamados de cordura a los policías y manifestantes se restableció la calma. Los afectados de ambos bandos fueron ingresados de urgencia al Hospital Escuela, donde recibieron atención médica.
Posteriormente, la manifestación se encaminó al Instituto Nacional Agrario (INA), donde el titular de ese organismo, Aníbal Delgado Fiallos salió a recibirlos e invitó a una delegación a su despacho. Ello contrastó con la violencia registrada minutos antes frente a la Casa Presidencial.
A Delgado Fiallos, los manifestantes también entregaron otro documento, donde exigieron la agilización del proceso de titulación sus tierras y de la reforma agraria.
Tras el diálogo Delgado Fiallos dijo que está empeñado en acelerar la entrega de los títulos de propiedad, tanto a los pueblos étnicos en la costa atlántica, como en otros puntos del país. "Veo con simpatía esta lucha y les asiste todo el derecho de reclamar sus posesiones", dijo el funcionario.
Agregó que el INA atenderá las solicitudes de tierras de varios grupos campesinos, en diversos puntos del país.
Después, la marcha se dirigió al Palacio Legislativo, donde fueron atendidos por miembros de la Junta Directiva del Congreso Nacional a quienes solicitaron que se abstengan de ratificar la reforma al artículo 107 de la Constitución.
Antes de la llegada de los indígenas y negros al Congreso Nacional, su presidente, el diputado del gobernante partido Liberal, Rafael Pineda Ponce, declaró que se descarta totalmente la reforma del artículo 107 constitucional.
Desde su lecho de convalesciente, en su residencia, por una reciente intervención quirúrgica, Pineda Ponce declaró a la prensa que impartió instrucciones precisas para retirar de la agenda legislativa el proyecto de reforma de este artículo.
"Por mis venas corre sangre indígena y tenemos que atender los justos reclamos de nuestros hermanos", expresó Pineda Ponce.
La reforma al artículo 107 fue aprobada en la legislatura de 1998, pero debía ser ratificada en la actual, luego publicada en el diario oficial "La Gaceta" para su entrada en vigencia.
Pineda Ponce dijo que se aprobó esta reforma, ya que el ministro de Turismo, Norman García, presentó importantes argumentos que al permitir la venta de tierras en las zonas costeras y fronterizas se estimularía la realización de millonarios proyectos de desarrollo turístico para explotar la riqueza natural.
Céleo Alvarez Casildo, líder de las organizaciones de garífunas o negros, dijo que es posible desarrollar estos proyectos turísticos sin afectar la soberanía territorial de Honduras, ya que la versión original del artículo 107 contempla que las tierras en las zonas costeras y fronterizas son propiedad del Estado y no pueden darse en venta a particulares en 40 kilómetros al interior de Honduras.
Antes y despúes de esta reforma los grupos indígenas y negros protestaron, pero no fueron escuchados.
Salvador Zúniga, uno de los líderes indígenas, declaró que "el presidente del Congreso Nacional, Pineda Ponce, dobla y repica, repica y dobla, de allí que era necesario esta movilización popular para evitar la ratificación de este cambio en el artículo 107 constitucional".
El dirigente sostuvo que precisamente en las zonas costeras y fronterizas están asentados los siete pueblos étnicos del país y al entrar el vigencia la reforma ellos serían desplazados de sus tierras por grupos de inversionistas nacionales y extranjeros.
Al concluir la marcha, los dirigentes lamentaron la violencia innecesaria utilizada por la policía antimotines frente a la Casa Presidencial, ya que la policía de tránsito y la preventiva, colaboraron con la manifestación pacífica.
El ministro de la Presidencia, Gustavo Alfaro, admitió que hubo una falla de coordinación, ya que la policía recibió la orden de dejar pasar la manifestación, pero ellos bloquearon el paso y ello generó los disturbios.
Alfaro dijo que al desatarse los disturbios se suspendió el diálogo con una delegación de los manfiestantes y se acordó continuarlo el próximo jueves.
--------------