Asociación de Municipios demanda al Estado por incumplimiento
La Asociación de Municipios de Honduras (AMOHN) demandó ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa al Estado de Honduras por cerca de 2 mil millones de lempiras (US$133 millones). La acción legal se presentó el 27 de enero pasado.
El abogado Olvín Rodríguez, representante legal de la AMHON, dijo que la demanda se debe al incumplimiento por parte del Estado al no transferir integramente, desde 1999, el 5% del presupuesto del gobierno central, conforme a la Ley de Municipalidades.
Desde 1996, la AHMON ha reclamado incesantemente la transferencia completa del 5% para las municipalidades, ya esos fondos los necesitan para obras comunitarias.
Tras el huracán Mitch y sus devastadores daños, las municipalidades redoblaron su exigencia al gobierno para obtener este porcentaje del presupuesto nacional para las obras de reconstrucción en sus respectivas comunidades.
El gobierno del entonces presidente Rafael Callejas (1990-1994) promulgó la Ley de Municipalidades en 1991 y desde esa fecha únicamente transfiere el 1 por ciento.
En 1998, el XI Congreso de la AMHON exigió públicamente al presidente Carlos Flores el 5% del presupuesto y éste pidió paciencia, al tiempo que prometió incrementar la transferencia a una 2 por ciento, bajo el argumento que las finanzas del Estado no alcanzaban a cubrirlo totalmente.
Durante este Congreso se acordó que de no obtener la totalidad del 5% la AMHON haría el reclamo legal, aspecto que se cumplió a finales de enero en el Juzgado Contencioso Administrativo.
El conocido abogado laboralista Rodríguez dijo que la demanda contempla lo que el gobierno debió transferir a la AMHON desde 1991 que es una cifra variable cada año, pero con incrementos anuales por el aumento vegatitivo de los ingresos gubernamentales y de la cooperación internacional.
Por ejemplo, en 1999, el presupuesto del gobierno central fue unos 19.000 millones de lempiras (US$1,357 millones) y correspondían a las municipalidades 950 millones de lempiras (US$678 millones), pero solo se les entregó unos US$10 millones.
Para este año, el presupuesto del gobierno es de más de 23 mil millones de lempiras y corresponden a las alcaldía 1.150 millones, pero en solo se les asignó cerca de 250 millones de lempiras.
Según la ley, el Procurador General del Estado, Héctor Tróchez, tiene 20 días para contestar la demanda.
La vice ministra de Finanzas, Sandra Midence, declaró que ellos tienen una serie de argumentos valederos para responder esta acción legal. Entre ellos, mencionó que la AMHON quiere una transferencia directa de este porcentaje, pero olvidan que se les asignan otros recursos en obras directas (puentes, carreteras y edificios) que en determinados casos es superior al 5 por ciento.
Mientras, el ministro de la Presidencia, Gustavo Alfaro, indicó que la demanda de las municipalidades no tiene base legal, ya que el gobierno transfiere la cantidad aprobada por el Congreso Nacional y no puede erogar ninguna cantidad adicional, porque eso sería reparable por la Contraloría General.
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Cuestionan centralismo y control
de la prensa por parte del gobierno
Líderes de partidos de oposición criticaron el centralismo y el control de la prensa que practica el presidente Carlos Flores, al evaluar la gestión de sus primeros dos años de gobierno.
Porfirio Lobo, presidente del Comité Central del opositor partido Nacional, dijo que el gobierno se caracteriza por mucha inoperancia e incapacidad para avanzar en el crecimiento económico.
Criticó la poca participación de la ciudadanía en la toma de decisiones que vienen de arriba para abajo, dejando al margen a las municipalidades, a las que se les niega el presupuesto que legalmente les corresponde.
"Hay centralismo del Estado, un control de medios de comunicación que daña la democracia y la imagen del país", dijo el dirigente nacionalista.
Por su parte, Olbán Valldares, comentó que cualquier ejercicio del poder que no satisfaga las necesidades del pueblo genera un desgaste político.
Según Valladares, el gobierno del presidente Flores, desde que asumió el mando, nunca presentó estrategias nacionales claras. Un ejemplo de es el caso del Instituto Nacional Agrario, cuyas autoridades se esfuerzan por definir una política, ante la ausencia de una estrategia nacional.
Igual que Lobo, Valladares dijo que observa cierto matrimonio entre el gobierno y un grupo de periodistas. ?Hay oposición política o es que no hay divulgación de la oposición política? se preguntó, porque lo primero corresponde a los opositores y lo segundo a los periodistas. Esa es la pregunta que nos debemos hacer. ?Quién ha fallado?
El abogado laboralista German Leitzelar, por su parte, estió que el gobierno, en su primer año, se dedicó a consolidar las reforma institucional en las fases de seguridad ciudadana, evaluación del proceso de privatización, aspetos tributarios e implementar un programa económico que evidenciada, además de un crecimiento, una estabilización económica
Pero el huracán Mitch cambió todo el panorama y se requiere una nueva evaluación. Después de la etapa de emergencia, siento que en materia de reconstrucción estamos muy atrasados, rezagados y frente al riesgo de nuevos fenómenos naturales.
Reconoció que hay algunos progresos, como la creación del Foro Nacional de Convergencia (FONAC), pero el gobierno y sus políticos siguen actuando en forma sectaria.
El presidente Flores, en su memoria anual de labores al Congreso Nacional el 26 de enero, pintó un panorama diferente a de la oposición política y dijo que Honduras ha recuperado la credibilidad y confianza de la comunidad internacional y ello quedó evidenciado durante la reunión del Grupo Consultivo para Centroamérica en Suecia, donde se otorgó un amplio respaldo económico y político al país.
También Flores dijo que su gobierno era abierto a todas las ideas y propuestas de la sociedad civil, además del ambiente tolerancia, ya que ahora nadie es perseguido por sus ideas políticas.
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Lucharán para evitar inhabilitación
de precandidato nacionalista
Una serie de líderes del opositor partido Nacional (PN) adviertieron que utilizarán todos los recursos para evitar que el precandidato nacionalista, Ricardo Maduro, sea inhabilitado para participar en las elecciones primarias y generales para escoger un nuevo gobierno en Honduras en noviembre del año 2001.
El representante del partido Liberal (PL) ante el Tribunal Nacional de Elecciones (TNE), Lisandro Quesada, declaró que cualquier ciudadano puede ejercer el derecho de petición para inhabilitar a Maduro, porque nació en Panamá y no puede aspirar a un cargo de elección popular y menos al de presidente de Honduras.
En medios periodísticos se maneja la tesis que el Coonsejo Central Ejecutivo del PL estudia posibles acciones ante los tribunales para inhabilitar a Maduro, quien lanzó su precandidatura presidencial desde noviembre con mucho éxito dentro del nacionalismo.
Hasta la fecha el PL no ha hecho una pronunciamiento formal sobre esta materia, pero abogados de ese partidos expresaron recientemente que estarían anuentes a iniciar estos trámites contra Maduro.
En repetidas oportunidades, Maduro sostuvo que obtuvo la nacionalidad hondureña, en 1982, conforme a la Constitución, ya que efectivamente nació en Panamá, pero su abuela materna era hondureña por nacimiento y ello le dio derecho, por el "jus sanguinis".
Maduro fue diputado al Congreso Nacional en 1990 y luego nombrado presidente del Banco Central de Honduras. Fue durante el gobierno liberal de Roberto Suazo Córdova (1982-1986) cuando obtuvo su nacionalidad como hondureño y ello le permitió optar a un cargo de elección popular.
Líderes nacionalistas dijeron que estas dispuestos a ejercer acciones legales y movilizaciones para evitar esta acción.
El PL y el PN se han alternado en el poder durante el siglo pasado, ya que concentran la mayor cantidad de electores, generando un sistema bipartidista. Los otros partidos, como la Democracia (DC), el Innovación y Unidad (PINU) y el Unificación Democrática (UD) en las últimas elecciones generales de noviembre de 1997 apenas alcanzaron, juntos, un 3 por ciento.
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