Magistrado de la Corte Suprema de Justicia demandó al Fiscal General del Ministerio Público por difamación y calumnia
* La confrontración entre el Ministerio Público y el poder Judicial llega a su máxima expresión.
Un magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) interpuso el 17 de noviembre una demanda criminal contra el fiscal general del Estado de Honduras por el delito de difamación y calumnia, al tiempo que pidió que se declare con lugar a formación de causa y se le suspenda del cargo, mientras dura el juicio.
El magistrado de la CSJ, Ivis Discua, presentó su demanda en el Juzgado Primero de la Criminal de Tegucigalpa contra el fiscal general del Ministerio Público (MP), Roy Medina, por haber declarado a la prensa que él se parcializó en un juicio para exonerar de responsabilidad al ex diputado Carlos Kattán y su familia en el sonado caso de la venta de la nacionalidad hondureña a ciudadanos chinos entre 1992 a 1993.
Discua, al momento de llegar al tribunal, dijo que Medina lo difamó y calumnió, pero si se retracta públicamente retirará la demanda. "Cuando la CSJ analizó y se pronunció sobre un recurso de amparo interpuesto por la familia Kattán yo me excusé de participar y, es más, abandoné la sala, porque antes de ocupar el cargo de magistrado fuí su abogado defensor", dijo.
Este episodio forma parte de la confrontación existente, desde hace varios meses, entre el MP y el Poder Judicial por una serie de juicios por corrupción, generalmente contra ex funcionarios del gobierno.
El fiscal general del MP declaró que el magistrado Discua está en su derecho de acudir a un tribunal si se siente afectado en sus derechos ciudadanos y él a defenderse.
Sin embargo, Medina calificó la acción como "un acto de venganza" por el constante cuestionamiento formulado por el MP al poder judicial, ya que se han desestimado una serie de demandas bajo el argumento que las pruebas son insuficientes.
En el juicio contra ex funcionarios del gobierno del entonces presidente Rafael Callejas (1990-1994) por irregularidades en la venta de nacionalidad a los chinos, mediante una ley temporal, Medina y Discua fungieron como juez y abogado defensor, respectivamente.
Medina declaró que era lamentable volver a referirse al tema de la venta de la nacionalidad, porque ya "es una cosa juzgada", porque la CSJ admitió un recurso de amparo a favor de Kattán y se pronunció sobre el fondo del caso, con lo cual se dio por sobreseído o cerrado.
Mediante esa ley temporal, más de dos mil ciudadanos de Taiwan, Hong Kong y China Popular obtuvieron la nacionalidad y el pasaporte hondureño, a cambio del pago de 25 mil dólares para crear un fideicomiso para impulsar la creación de empresas con préstamos del Estado hondureño.
Sin embargo, María Martha Díaz, ex esposa del empresario nicaragüense René Contreras, promotor de la ley temporal de venta de la nacionalidad, denunció ante el MP en 1996 que se aprovechó esta legislación para documentar con pasaportes falsificados a millares de ciudadanos chinos a cambio de grandes cantidades de dinero.
En este caso, según Medina, el sistema judicial, desde la base a la cúpula, actuó de manera parcializada y evitó indagaciones profundas para confirmar la comisión de los delitos.
"Eso es lo que hemos criticado, un sistema judicial que imparte de manera parcial la justicia y siempre sale con la excusa que los fiscales aportan pruebas muy débiles", dijo.
Discua solicitó al tribunal que se declare con formación de causa a Medina, los despoje de la inmunidad y lo suspenda en el cargo.
Según las leyes procesales hondureñas, el tribunal tendría que elevar esta solicitud a la Corte Suprema y ésta ante el ministerio de Gobernación (Interior) y de allí a la Cámara Legislativa.
En medios legislativos, se estimó que dados los precedentes históricos, desde que se creó el privilegio de la inmunidad en la década de 1950 solo dos diputados fueron declarados con formación de causa hace varias décadas y despúes todas estas solicitudes han sido desestimadas.
El fiscal general Medina comentó que estas actuaciones del poder judicial son las que generan que en el Indice de Percepción de la Corrupción (IPC), de la organización Transparencia Internacional (TI) Honduras ocupe el lamentable primer lugar en la lista de los países latinoamericanos.
"La falta de una justicia transparente es la que afecta la imagen de Honduras en el exterior", dijo Medina.
Sin embargo, en enero del año 2000 entrará en vigencia el nuevo Código Penal Procesal que sustituye los juicios sumariales o por escrito por los orales y públicos, lo que --según expertos-- mejorará el impartimiento de justicia en Honduras
El IPC de TI fue rechazado por el gobierno de Honduras y círculos empresariales, porque no se admiten los esfuerzos del país para combatir la corrupción.
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