Batalla entre pandillas en una cárcel deja 11 muertos
* La crisis del sistema penitenciario de nuevo ocupa la atención nacional, pero no se vislumbran medidas de fondo.
Un enfrentamiento entre cuatro pandillas, el 12 de noviembre, en el centro penal de la norteña ciudad de San Pedro Sula dejó un saldo de 11 muertos y 20 heridos, según autoridades policiales. Este violento hecho puso de manifiesto, nuevamente, la crisis en el sistema penitenciario nacional, la ausencia de una política de rehabilitación y las condiciones infrahumanas existentes en los centros de reclusión.
El violento episodio comenzó cuando a las 19:40 horas del viernes un reo cortó la energía eléctrica en el sector de la cárcel donde se encontraban los miembros de "Mara Salvatrucha", una de las pandillas más numerosas de San Pedro Sula.
Inmediatamente, los de Mara Salvatrucha se enfrentaron con los integrantes de tres pandillas: La Sunsery, La 19 y La 75, con cuchillos y otros objeto cortopunzantes que, inexplicamente, tenían a su alcance al momento del conflicto.
En minutos el presidio se convirtió en escenario de una batalla campal, ya que de los 1,910 reclusos, 800 pertencen a estas cuatro pandillas.
Tal fue la saña con que se atacaron los pandilleros que unos cadáveres quedaron mutilados y con las víceras visibles, según relataron periodistas que ingresaron al lugar junto a la Cruz Roja para retirar a los muertos y trasladar a unos 20 heridos al hospital "Catarino Rivas".
Presidiarios no involucrados en el enfrentamiento declararon que el incidente se debe a viejas rencillas por posesión de territorios, pleito que llevaron al interior del recinto penitenciario.
Un contingente de la policía antimotines "Cobras" llegó a la cárcel 30 minutos después de iniciado en enfrentamiento y logró controlar la situación al separar a los contrincantes y decomisar gran cantidad de cuchillos, palos y otros objetos.
El jefe del Centro Penal Sanpedrano, Mario Leonel Zepeda, declaró que a pesar de la estrecha vigilancia que mantienen los custodios para evitar que los reos se armen, esto es imposible ya que cualquier objeto, como varillas de hierro y piezas de las camas son convertidas en objetos mortales.
Zepeda admitió que las rencillas entre las pandillas y el hacimiento en el viejo edificio carcelario fueron las causas "una reyerta salvaje con este saldo lamentable de muertos y heridos".
Wilfredo Franco, director de Centros Penales del Ministerio de Seguridad, admitió que los 25 centros carcelarios y granjas penales en todo el país sólo tienen capacidad para 5 mil personas, pero hay una población penitenciaria de 11.250 reos.
De otro lado, de los 11.250 presidiarios, solo un 10 por ciento ha sido sentenciado y el resto está a la espera de una misma, lo que revela una extraordinaria mora de la justicia.
Franco dijo que una primera medida será trasladar a Tegucigalpa a unos 40 reclusos para evitar un nuevo enfrentamiento, al tiempo que se harán registros diarios para decomisar todo tipo de instrumentos cortopunzantes.
Durante el gobierno del entonces presidente Rafael Callejas (1990-1994) se inició la construcción de la Penitenciaría Nacional (PN), en las afueras de Tegucigalpa.
La PN se concluyó en 1996 con separos especiales de máxima seguridad para reclusos peligrosos, reos sentenciados y reos sin sentencia, pero fugas expectaculares de revelaron fallas en la construcción de este centro.
Pese a la construcción de esta obra, el entonces ministro de Gobernación (Interior), Efraín Moncada Silva, advirtió en 1997 sobre la deplorable situación de los 25 centros penitenciarios y granjas penales del país, el escaso presupuesto destinado a los centros penales y labores de rehabilitación.
Al año siguiente se produjeron motines en seis cárceles del país y en la occidental ciudad de Santa Bárbara los reos llegaron al extremo de incendiar la cárcel y se fujaron del lugar. Tras amplios operativos conjuntos del ejército y la policía se logró recapturar a la mayoría de presidiarios.
Moncada Silva propuso a la Cámara Legislativa un decreto para liberar a los reos sin condena por delitos menores y ello dejo en libertad a más de un millar de personas.
Sin embargo, expertos en la materia, insisten que las medidas adoptadas son insuficientes para generar un proceso de rehabilitación de los reclusos, ya que los centros penales son "escuelas del crímen".
De otro lado, al suspenderse el servicio militar obligatorio, por influencia externa y la crisis económica del país, comenzaron a proliferar en Honduras las "maras" o pandillas juveniles.
Investigaciones sociológicas indican que hay unas 250 pandillas juveniles en Tegucigalpa que agrupan a unos 10 mil jóvenes. Una cantidad similar existe en San Pedro Sula, segunda ciudad del país.
Jorge Norales, un estudiante de Derecho de la Universidad Nacional, quien impulsa el Programa "Amigos sin violencia", dedicado al rescate de jovenes de las maras, declaró que el gobierno carece de un plan para enfrentar el problema de las pandillas, ya que se aplican medidas represivas y se estigmatiza a los miembros de estos grupos.
La mara es una especie de sindicato, donde el joven desempleado, carente de oportunidades de estudio y generalmente de hogares desintegrados mucha amor, comprensión y solidaridad, según Norales.
De estas pandillas, dijo Norales, apenas un 1% comete actos delictivos, pero la policía y organizaciones sociales generalizan que todas las maras están integradas por delincuentes, "pero esto no es cierto y lo urgente es implementar una política y un programa concreto para evitar que estos grupos se inclinen por accciones delictivas".
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