Gobierno retira demandas judiciales contra indígenas y campesinos
El presidente de Honduras, Carlos Flores, ordenó al ministerio de Seguridad el retiro de 35 demandas contra igual número de indígenas y campesinos que participaron en una manifestación que fue disuelta violentamente por la policía el 12 de octubre pasado.
En un diálogo con líderes de los siete pueblos indígenas y de las centrales campesinas, Flores lamentó los violentos sucesos del 12 de octubre, ordenó el retiro de las demandas criminales, pidió disculpas a los 20 heridos en el disturbio y prometió indemnizarlos económicamente.
Las conversaciones entre Flores y los líderes indígenas y campesinos se efectuó el 28 de octubre, pero los resultados se mantuvieron en reserva hasta el 4 de noviembre, cuando fueron divulgados por uno de los participantes en el diálogo, Tulio Mario Gonzáles.
Mayra Avila, portavoz del ministerio de Seguridad, informó que la demandas serán retiradas de los tribunales a partir del 8 de noviembre.
El 12 de octubre, unos 5 mil indígenas y campesinos llegaron a Tegucigalpa desde apartadas regiones del interior de Honduras en una marcha pacífica que se reunió con varios ministros y en la etapa final, cuando intentó pasar frente a la Casa Presidencial fue disuelta a tiros, bombas lacrimógenas y bastonazos. En la refriega resultaron 4 personas heridas de bala y 16 con golpes de consideración.
La marcha fue convocada por el Comité de Organizaciones de los Pueblos Indígenas (CONPAH), el Comité de Organizaciones Populares e Indígenas (COPIN) y varias centrales campesinas para demandar al Congreso Nacional que desistiera de la reforma del artículo 107 de la Constitución que permitiría la venta de tierras en las zonas costeras y fronterizadas.
Otras demandas de la marcha fueron la titulación de tierras de grupos indígenas y campesinos, investigación de una serie de asesinatos de líderes indigenas, inseguridad ciudadana, reforma agro-forestal y la declaración de áreas protegidas en las zonas donde están asentados los pueblos indígenas.
Tulio Mariano Gonzáles, de la Coordinadora de Organizaciones Negras de Honduras, declaró que el presidente Flores se tardó mucho tiempo en dialogar con los líderes de los indígenas y campesinas, "pero cuando lo hizo fue un diálogo abierto, amplio y transparente, a veces emotivo, acalorado, pero siempre respetuoso".
En este encuentro, las organizaciones campesinas e indígenas expusieron de nuevo sus demandas: Respeto a la Constitución, agilizar el proceso de titulación de tierras, declaración de áreas protegidas, reforma agro-forestal, seguridad ciudadana, aplicación del Acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo y mantener los canales de diálogo.
"Estamos convencidos que la cultura del diálogo debe ser impulsada con mayor vehemencia en Honduras y todos, gobernantes y gobernados, debemos cooperar con esa prioridad patriótica", dijo Gonzáles.
El líder negro dijo que no era necesario sangre, fuego intolerancia y brutalidad policíaca, como sucedió el 12 de octubre, pero el presidente Flores ahora ha rectificado.
Desde 1994, el movimiento indígena --integrado por 7 pueblos autóctonos, algunos de ellos en vías de extinción-- comenzaron una serie de marchas o "peregrinaciones", desde sus comunidades en las montañas hacia Tegucigalpa, la capital, con una serie de exigencias al gobierno.
En la primera peregrinación, el entonces presidente Carlos Roberto Reina (1994-1998) suscribió un documento de compromisos para titular las tierras y atender los aspectos de ambiente, salud, educación y cultura.
Al incumplir estos compromisos hubo una segunda marcha en 1996 y otra en 1997, pero el gobierno creó programas especiales y atender las demandas.
Sin embargo, en 1998, el Congreso Nacional reformó el artículo 107 de la Constitución para permitir la venta de tierras en las zonas costeras y fronterizas, lo que generó la airada protesta de los grupos indígenas y campesinos.
En octubre de este año debía ser ratificada esta reforma del artículo 107 constitucional, pero la marcha logró que el presidente del Congreso Nacional, Rafael Pineda Ponce, retirara esta iniciativa.
Esta reforma fue intruducida por el ministro de Turismo, Norman García, quien argumentó que ello estimularía la ejecución de millonarias inversiones extranjeras en proyectos turísticos, particularmente complejos hoteleros en la costa atlántica hondureña.
Gonzáles dijo que de mantener los canales del diálogo abierto no habrá necesidad de nuevas marchas indígenas y campesinas, aunque si ellos se cierran volverán al uso de este recurso para ser escuchados.
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