Comisionado Nacional de Derechos Humanos hará auditoría social a la administración pública
El gubernamental Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH) ejecutará un programa de auditoría social a toda la administración pública centralizada y descentralizada de Honduras, de tal manera que no quede ningún espacio sin que sea objeto de rendición de cuentas.
La realización de este programa coincidió con la divulgación el 26 de octubre del quinto informe anual consecutivo de Transparencia Internacional (TI), en Berlín y Washington, donde Honduras ocupa el primer lugar en corrupción en América Latina.
El comisionado de CONADEH, Leo Valladares, presentó el programa a la sociedad civil el 29 de octubre y explicó que no se trata de una auditoría de tipo contable, sino del derecho que tiene la población a saber de parte de las autoridades que es lo que están haciendo con el dinero del pueblo.
"Vamos a desterrar aquella cultura en que las autoridades hacen lo que se les antoja. Ahora se revertirá el proceso; como nosotros somos los mandantes, tenemos el derecho a preguntarles que están haciendo con ese mandato que les hemos dado", dijo Valladares.
Según el titular de CONADEH, la administración pública centralizada y descentralizada maneja 121 mil millones de lempiras (8 mil millones de dólares), pero solo se da cuenta de 21 mil millones de lempiras (1.458 millones de dólares), contemplados en el presupuesto de ingresos y egresos del gobierno central, ya que no se suman las cantidades percibidas y gastadas por las instituciones autónomas del Estado.
El programa iniciará entre febrero o marzo del próximo año y comenzará con la auditoría social de los servicios públicos, administrados por el Estado (agua, energía eléctrica y telecomunicaciones), luego a los gobiernos locales, sistema aduanero, programas de salud, educación y otros.
Mientras, la Cámara Legislativa aprobó el sábado una moción para que los tres instituciones fiscalizadoras del Estado (Contraloría, Procuraduría y Dirección de Probidad Administrativa) envien un detallado informe a TI sobre los casos de corrupción que investigan, las leyes anticorrupción vigentes y las sanciones aplicadas a las personas que cometieron actos irregulares en la administración pública.
Por otra parte, en el seno de la Comisión de Participación de la Sociedad Civil, creada recientemente por el gobierno, para vigilar y apoyar el proceso de reconstrucción y transformación, tras los devastadores daños del huracán Mitch en octubre de 1998, se propuso al presidente Carlos Flores que invite a una delegación de Transparencia Internacional a venir a Honduras y constate los esfuerzos para combatir la corrupción.
Hasta ahora, estas tres reacciones son las únicas que van en la línea de responder adecuadamente el cuestionamiento contenido en el quinto informe de TI, una organización privada impulsada por ex funcionarios del Banco Mundial, otros organismos internacionales de financiamiento y del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
Las otras reacciones, en especial del gobierno, fueron de condena y rechazo al informe de TI que este año produjo su habitual Indice de Percepción de la Corrupción (IPC) y la novedad de elaborar una lista de naciones de donde proceden los sobornos, en base a una encuesta de 19 grandes exportadores de acuerdo a la conducta de sus empresas como socias comerciales.
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