Gobierno deplora y rechaza informe de Transparencia Internacional
El gobierno de Honduras deploró y rechazó el 27 de octubre el Indice de Percepción de Corrupción (IPC) de organización independiente Transparencia Internacional (TI), divulgado el martes en Berlín y Washington, donde esta nación centroamericana fue señalada como "la más corrupta de América Latina".
En un comunicado, el gobierno indicó que "ignoramos los métodos de investigación y los parámetros en que se basó el informe para llegar a conclusiones tan groseras, denigrantes y generalizadas, ni cuáles los créditos morales y profesionales de las supuestas fuentes consultadas en nuestro país para tal efecto, si las hubo, ni en qué justificaciones concretas habrían fundamentado su información".
Según el gobierno de presidente Carlos Flores, el informe desestima los esfuerzos que ha realizado y realizan el Estado y las entidades de la sociedad civil de Honduras en los últimos años para fortalecer las instituciones que tienen a su cargo la lucha contra la corrupción.
Agrega que se han adoptado mecanismos de control y hay múltiples evidencias que "los hondureños estamos empeñados en conducir nuestros asuntos públicos con la mayor transparencia e integridad posible, para lo cual hemos creado y respaldado diversas formas de auditorías y supervisión en el manejo de los recursos".
Contrario al injusto y desproporcionado calificativo que se otorga a Honduras, se evidencia la amplia confianza de que los organismos internacionales de crédito y la generalidad de la comunidad de cooperantes, subraya el comunicado.
También indica que infinidad de delegaciones internacionales que visitaron Honduras en los años recientes constataron "los enormes avances que hemos hecho los hondureños en la lucha contra la corrupción como nuestro inalterable compromiso de continuar combatiéndola".
El IPC fue elaborado por una serie de organizaciones especializadas en sondeos de opinión, institutos de investigación y universidades de Estados Unidos y Europa con entrevistas y encuestas a hombres de negocios y analistas de alto riesgo en varios países. En 1998, Honduras ocupó el segundo lugar en América Latina, después de Paraguay, y el tercero a nivel mundial después de Camerún.
Este informe correspondiente a 1999 provocó encontradas reacciones en Honduras, pero en su mayoría condenaron esta calificación.
Eduardo Facussé, presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), declaró que este informe de TI es injusto y ningún empresario hondureño fue consultado o encuestado.
Antonio Tavel, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, informó que en una reunión, efectuada el miércoles, del Foro Nacional de Convergencia (FONAC) --un organismo integrado por representantes del gobierno, los partidos políticos e instituciones de la sociedad civil-- con el presidente Flores se compartió la indignación por la ubicación de Honduras como el país más corrupto de América Latina.
"Es cierto que hay fallas y pecados en Honduras, pero es inaceptable que se diga que somos el país más corrupto de América Latina", dijo Tavel.
Por su parte, el empresario Ricardo Maduro, pre candidato presidencial del opositor partido Nacional, comentó que este informe debe obligar al gobierno y a la sociedad civil a reflexionar y buscar mayores mecanismos de control para evitar la corrupción. Destacó que este tipo de informes pueden afectar la inversión extranjera en Honduras y la ayuda de los países cooperantes.
El canciller Roberto Flores Bermúdez dijo que el calificativo para Honduras es injusto, porque hay un esfuerzo del gobierno para avanzar en prácticas de transparencia y buen manejo de la ayuda internacional.
"Estas acciones han sido reconocidas por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, además los países que nos acompañan en el proceso de reconstrucción y transformación tras el huracán Mitch saben muy bien el nivel de seriedad y responsabilidad con que administra esa cooperación y por ello no hay peligro que retiren su cooperación", comentó el canciller Flores.
En marzo, el comisionado nacional de Derechos Humanos (CONADEH), Leo Valladares, divulgó un informe preliminar de una auditoría social sobre el manejo de la ayuda internacional y encontró violaciones a las leyes y 17 casos de corrupción.
Tras el informe, Valladares fue blanco de una intensa campaña de prensa para desacreditarlo y un grupo de diputados intentó reformar la ley de CONADEH en abril para reducir sus funciones y el periódo de 6 a 4 años en el cargo, pero manifestaciones populares y gestiones diplomáticas de países cooperantes frenaron este intento.
Ante el informe de TI de 1999, Valladares dijo que el gobierno debe revisar su política y tratar de desvirtuar este señalamiento.
El entonces canciller Fernando Martínez, cuando fue separado de cargo en enero de 1998, pidió publicamente a Flores cesar en el control de la prensa y denunció irregularidades en la conducción del proceso de reconstrucción de las obras dañadas por el huracán Mitch y exhortó a poner énfasis en la construcción de viviendas de los damnificados.
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